8.2.08

El Bapro: un gigante en problemas


El viernes 7 de diciembre, Martín Lousteau pisó su despacho del Banco Provincia de Buenos Aires por última vez, al menos como presidente del directorio. Sin embargo, muchos de los problemas que Lousteau heredó de las gestiones de Jorge Sarghini, Ricardo Gutiérrez, Carlos Sánchez y Rodolfo Frigeri, los presidentes del Bapro en las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, siguen presentes en el despacho que hoy ocupa Guillermo Francos.
La deuda con el Banco Central por los redescuentos otorgados para hacer frente a la crisis de 2001, y el “maquillaje contable” tolerado por el Central para disimular la existencia de títulos públicos devaluados entre sus activos, son dos de los problemas centrales que deberá enfrentar el próximo directorio, aunque no los únicos.
Los redescuentos al Bapro alcanzaron un pico de de $4.400 millones en lo peor de la crisis, y se están pagando a razón de $44,49 millones por mes. Entre junio y julio de este año —lo cual es exhibido como un logro por Lousteau— se precancelaron $1.600 millones en el marco del programa matching, el programa de calces de compensaciones y redescuentos.
Esta cancelación dio lugar a una reducción de la carga de intereses del Provincia. En agosto, la deuda remanente alcanzaba los $1.410,61 millones. El banco cobra, como contraparte, ganancias del 7,9% anual por los $8.961 millones en bonos garantizados que tiene en su patrimonio. El problema es que estos títulos públicos, que son más de un tercio de los activos del Bapro, están contabilizados a valor técnico y no de mercado, lo que implica una sobrevaluación cercana al 10 por ciento. Y como el BCRA dispuso una adecuación progresiva del valor contable de estos títulos a las cotizaciones reales, el banco podría requerir una inyección de capital que hoy rondaría los $ 800 millones.
Parte de ese dinero –unos US$ 63 millones– surgirá de la venta de la participación del banco en la AFJP Orígenes, y otro porcentaje de la capitalización de las ganancias de la actividad bancaria, que rondan los $10 millones mensuales.
Pero si esa doble inyección de dinero no alcanza, la ley provincial 13.225 obligará al Estado bonaerense a salir al rescate del banco. No sería la primera vez que suceda: entre 2000 y 2003 la Legislatura aprobó una capitalización de $ 500 millones y la estatización de $ 1.320 millones de cartera de deuda irregular.
El Bapro es el segundo banco del sistema financiero argentino. En el balance a septiembre registra activos por $ 25.690 millones, de los cuales $ 9.818 millones son títulos públicos y privados. El patrimonio neto es de sólo $1.500 millones, y los depósitos alcanzan los $19.636 millones. El principal cliente es el Estado –en especial el bonaerense– que tiene $ 7.821 millones en cuentas oficiales.
Los empleados de la administración pública bonaerense y los jubilados de las cajas provinciales perciben sus sueldos y haberes a través de esa entidad, y son los principales clientes de sus líneas de préstamos hipotecarios para vivienda y personales.
Un informe del departamento de Finanzas Corporativas de Deloitte, sin embargo, matiza estos indicadores positivos, porque en préstamos totales el Bapro desciende al 5° puesto y en ganancias al 9° del ranking del BCRA, lo que implica una rentabilidad neta pequeña en relación con su capital, y menor eficiencia.
Su dotación de personal, más elevada que en los bancos privados y concentrada en las áreas centrales del negocio –Casa Matriz La Plata, Casa Central Buenos Aires y Departamental Mar del Plata–, afectaría su eficiencia.
Además, los cargos de conducción y gerenciales no se ocupan por concurso; hay un alto nivel de ausentismo; la edad promedio de los empleados es más elevada que en los bancos privados y faltan incentivos salariales para los empleados más eficientes. También quedó trunco un sistema informático unificado para todas sus sucursales. Es un crudo panorama que habla de un gigante en apuros.