Los bancos privados, alejados del sistema productivo

¿Es lógico que los bancos capten depósitos y presten fondos guiados sólo por criterios de rentabilidad financiera? Para bien o para mal, así funcionan hoy las entidades privadas, pero no siempre fue así. En febrero de 1977, el ministro de Economía de Jorge Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, formado en la escuela monetarista de Chicago, modificó la ley de entidades financieras. El cambio supuso liberar las tasas de interés (antes fijadas por el Banco Central) y dejar la asignación del crédito (antes regulada por el Estado) en manos de los bancos. Hasta la reforma, los bancos estaban obligados a colocar sus fondos en determinadas actividades de la economía real. Luego de la reforma, no. Hoy las consecuencias están a la vista: sólo un pequeño porcentaje del crédito bancario beneficia a las actividades productivas, y la mayor parte va destinado al consumo. Pero el incremento del consumo requiere aumentar las importaciones o invertir para producir más. Y aunque en buena medida eso está sucediendo, ha sido sobre todo a partir de la reinversión de ganancias, con la venta de bonos, títulos o acciones, o con préstamos de las subsidiarias de las compañías extranjeras radicadas en el país ¿Cómo hacer entonces para que los bancos financien la expansión productiva de las empresas de capital nacional, en especial las Pymes? No hay una única respuesta a esa pregunta, pero el plato de soluciones parece incluir los siguientes ingredientes: - Reducir la emisión de títulos públicos de forma tal que sea mejor negocio para los bancos prestarles a particulares que al Estado. Para eso sería necesario mejorar los ingresos públicos o reducir los gastos. - A la vez, lograr que ese dinero vaya preferentemente a las empresas y no tanto a los créditos de consumo. Sería a partir de una política de encajes móviles: el banco que más financie la producción, tendría más fondos disponibles, pero las entidades que se dediquen a los préstamos de consumo tendrían que inmovilizar un mayor porcentaje de sus fondos en el Banco Central. - Simultáneamente, aplicar diversas políticas activas, como la creación de un banco estatal para el desarrollo o el subsidio de tasas en líneas de crédito para la producción o la conformación de fideicomisos para el desarrollo productivo. El economista Javier González Fraga, que fue presidente del Banco Central de Carlos Menem, pero en la etapa previa a la convertibilidad, al referirse a esta problemática destacó el rol indirecto del Estado en el mercado de crédito. “El Banco Central se gastó toda la expansión monetaria en sostener al dólar porque bajó el superávit fiscal”, fueron sus palabras durante una conferencia en La Plata. La lógica que expresó fue la siguiente: para sostener alto el precio del dólar, el central compra divisas, pero para evitar presiones inflacionarias absorbe los dólares emitiendo bonos que compran los bancos. Y si hubiera más superávit fiscal -por ende menos gasto público- se comprarían los dólares sin recurrir a emisión. Leonardo Perichinsky, investigador del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la UNLP, le puso cifras al asunto: el total de préstamos de las entidades al central supera los 60 mil millones de pesos. “Y resulta evidente que a los bancos les resulta más seguro y rentable mantener una alta proporción de su cartera en títulos públicos y letras del Banco Central”. La economista Mercedes Marcó del Pont, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), comparte parcialmente estos análisis pero aboga además por el establecimiento de mecanismos que impliquen premiar a las entidades que presten al sector productivo y desalentar los créditos al consumo. “La condición necesaria es que el mejor negocio para los bancos no sea comprar letras o noback sino prestar a la actividad productiva”, reconoció a Hoy. Luego se extendió: “Esa altenativa de prestarle al Banco Central como forma de política de esterilización (es decir, antinflacionaria) hay que seguirla con mucha atención. Entonces, condición necesaria: que no aparezca un nicho de atracción del negocio financiero. Y condición suficiente: yo creo que hay que empezar a tener un rol más activo por parte de la banca pública, esto que se está hablando de una banca de desarrollo, de darle al BICE otra entidad para empezar a darle más crédito a mediano y largo plazo”. Para Marcó del Pont, hay que aprender de las virtudes y errores del Banade de Brasil. “Y salir a plantear líneas de financiamiento en función de un plan estratégico de desarrollo productivo”. Además: “Hay que pensar en discutir políticas de manejo por parte del Banco Central en donde se premie más, con encajes diferenciados, u otros mecanismos, a los bancos que presten para la inversión o a la producción que a los que presten al consumo”. En los ‘90, los créditos al sector privado eran equivalentes al 23% del PBI. Hoy no llegan al 11%, pero la inversión se duplicó desde el peor momento de la crisis y ya está por encima de los niveles de la década pasada. Mantener ese ritmo de inversión requiere fondos del sistema financiero. Y ahí el rol del Estado puede ser decisivo.

La clase media vive en casa ajena

El auge de la construcción de viviendas que vivió nuestro país luego de la devaluación, y que ahora se está desacelerando, estuvo más vinculado al negocio de inversionistas que tenían fondos ociosos que a las chances de los asalariados de lograr acceso a una vivienda propia. En estos cinco años, los precios de las propiedades acompañaron la evolución de dólar y permitieron a los inversores mantener constante el valor de los billetes sacados del corralito o del fondo del colchón. Y la evolución de los precios de los inmuebles actuó en sentido contrario para los trabajadores de ingresos medios, porque los salarios apenas se duplicaron en ese tiempo y hoy son insuficientes, en muchos casos, para que puedan calificar en las líneas de crédito tradicionales. Para colmo, cerca del 40% de la economía es informal, y por eso los asalariados, como los cuentapropistas, no pueden en muchos casos demostrar los ingresos necesarios para obtener créditos en los bancos.
La situación actual difiere sustancialmente de la de mediados del siglo pasado: entonces, el stock de créditos hipotecarios equivalía al 40% del PBI; y hoy a gatas llega al 2%, según estimaciones realizadas por el Banco Río. Hay que recordar, además, que del total de propiedades construidas en Capital Federal - epicentro del boom inmobiliario - sólo el 7,9% de las escrituras de este año fueron financiadas con hipotecas, según datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC). En todo el país, según el Banco Central, el préstamo hipotecario para viviendas ronda los 6.505 millones de pesos, menos del 14% del total de créditos del sistema financiero. El volumen de préstamos para viviendas está además un 40% por debajo del registro de fines de 2001.
Frente a esta situación, el gobierno nacional ideó un plan para facilitar a los inquilinos la adquisición de una vivienda propia, pero sólo el Banco Nación - donde se otorgaron más de 3 mil préstamos -logró una buena cantidad de clientes de ese producto. En el resto de las entidades, la adhesión fue muy escasa. Ahora ahora el gobierno está preparando un programa más ambicioso, que incluiría un sistema de doble hipoteca. Con él, una vez que devuelva el dinero que le prestó el banco, el propietario deberá reintegra al Estado otro porcentaje del crédito, que podría ser equivalente al 20% del valor de la vivienda.
No sería esta la primera ni la segunda vez que el gobierno tome cartas en el asunto. La intervención del Estado ya es decisiva a la hora de asegurar condiciones dignas de vida a un porcentaje de los habitantes de barrios carenciados o asentamientos. En 2001 se hizo un censo nacional que determinó la necesidad de construir más de 3 millones de viviendas para suplir el déficit habitacional de más de un tercio de la población, en especial la de menores ingresos. Y el mantenimiento de los planes para atender esa problemática social es crucial para no empeorar el indicador.
En el otro extremo, los fideicomisos constituidos por las grandes empresas constructoras, los fondos de inversión y los mecanismos de autofinanciamiento con fondos ociosos son decisivos en la edificación de torres lujosas en territorio porteño y en barrios privados de zonas del conurbano. Pero en el medio de los dos extremos sociales queda una amplia franja profesionales, asalariados y comerciantes con sueldos o ingresos medios que hoy tienen pocas chances de acceder a créditos debido a los costos y requisitos exigidos. Según la cámara de agentes inmobiliarios, el crédito hipotecario en España tiene un período de amortización de 30 años y una tasa de interés ronda el 5%, mientras que en Argentina el plazo es inferior -generalmente de 20 años - y el interés ronda el 12%. Un problema adicional es que para conseguir el dinero del banco es necesario demostrar ingresos en blanco que como mínimo tripliquen el valor de la cuota, y alrededor de un 40% de los asalariados cobra sumas en negro.
"Sin una tasa subsidiada por el Gobierno que esté en torno a 7,5% solo podrán acceder a los préstamos hipotecarios las personas del sector privado que hayan percibido mayores aumentos en sus salarios. Con los ingresos, el valor de los inmuebles y las condiciones crediticias actuales, muchos están condenados a no ser nunca propietarios", observó el economista Eduardo Fracchia, de la Universidad Austral. Si el Estado saliera en auxilio de los sectores medios, también contribuiría mantener alto el crecimiento de la construcción, que hoy avanza a un moderado ritmo del 7% anual, y ayudaría a mantener alta la tasa de creación de empleo. Hay que recordar que la construcción de viviendas particulares y públicas, las obras de infraestructura y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, en su conjunto, explican alrededor de 35% de los puestos de empleo generados entre mayo de 2006 y mayo de 2007. Sólo la construcción generó 53 mil empleos nuevos en sólo un año, según datos relevados por el Indec.En la Argentina el stock de hipotecas representa sólo el 2% del PBI. Es 20 veces menos que en Chile y 40 veces menos que en España. Significa que todavía hay un largo camino por recorrer.

¿Crecimiento con inflación o la estabilidad de los cementerios?

La “paz de los cementerios” en materia de precios es característica de países que cayeron en períodos de depresión económica. La puja distributiva entre el trabajo y el capital, entre diferentes eslabones de la cadena productiva entre sí, y entre el Estado y las empresas de servicios es más usual en períodos de auge de la economía, debido a la generación de riquezas que los diferentes sectores que intervienen en el proceso de producción pretenden tomar para sí. Esa pulseada puede provocar un movimiento ascendente de los precios. En Argentina, cinco años consecutivos de paulatino crecimiento económico dieron lugar a una disminución del desempleo y la pobreza, pero también a una carrera de los precios disimulada, apenas, por los índices oficiales. La aplicación de un modelo económico basado en un dólar alto y superávit fiscal por aplicación de retenciones a productos primarios permitió la sustitución de importaciones y la consecuente disminución del desempleo y la pobreza, pero poco pudo hacer el Gobierno para atenuar las subas de precios de productos de consumo popular. El modelo de la convertibilidad, en cambio, permitió en su mejor momento una disminución de los precios pero a costa de una baja de los salarios, la exclusión de parte de la población de la posibilidad de contar con empleo e ingresos, el endeudamiento del Estado y la extranjerización y concentración de la economía. Parte de esa herencia sigue entre los argentinos pero tiende a disminuir su gravedad, salvo en lo referido a la distribución de los frutos de la economía, que se mantiene en niveles parecidos a los de entonces. Así y todo, la mayoría de los economistas opina que la inflación es un problema que debe resolver el Gobierno. No todos coinciden en el diagnóstico sobre el origen del aumento de precios y por lo tanto proponen medidas de diferente tenor para enfrentar ese fenómeno que golpea en los bolsillos de los sectores de ingresos fijos. Jorge Avila, especialista del Cema, cree que se trata de una combinación de factores. “Por una parte, el fuerte incremento del gasto público que se verifica desde el año pasado. Por otra parte, el aumento de los precios de las materias primas que exporta el país, que inevitablemente eleva los precios internos. Ambos factores han venido a reforzar la inflación residual que experimenta el país desde la gran devaluación de 2002”, dijo a Hoy el economista del CEMA. Parecido fue el diagnóstico de Eduardo Curia. “La inflación se da por una mezcla de factores. Por una parte, los cambios en los valores relativos (por la devaluación) dejan una secuela. Por otro lado, en el frente fiscal está declinando el superávit. A la vez, hay un aumento de la demanda por el avance de la masa salarial, que además presiona sobre los costos de las empresas. Y en este contexto, el aumento del crédito al consumo es un multiplicador”, afirmó. Diferente fue la respuesta de Julio Gambina, economista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. “Existen razones estructurales, entre ellas la dominación económica de capitales altamente concentrados en la producción y circulación de bienes y servicios. Los monetaristas hablan de inflación de costos (aumentos de salarios) y de demanda (mayor disposición al consumo), pero todas las mediciones de productividad y de distribución funcional del ingreso demuestran que no hay tal inflación de costos”, respondió. “El otro argumento se cae con 40% de trabajadores en situación irregular y 12 millones de pobres e indigentes que no pueden ser acusados de provocar el boom de consumo. El elevado consumo es de m2 de construcción de alto valor y de autos 0 km. Los precios suben porque hay condiciones de establecer esos valores en los que dominan el mercado y existen sectores de altos ingresos que los convalidan”. La concentración de los mercados como detonante o facilitador del aumento de precios ya fue señalada, entre otros investigadores, por el actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José Sbattella. De su trabajo se deduce que en algunas ramas industriales los aumentos de precios pueden decidirse en un solo despacho. Por ejemplo: en la industria siderúrgica, una sola compañía concentra el 84% de las ventas en el mercado interno. En cemento, 3 empresas tienen el 96%. En galletitas, 2 firmas poseen el 73% del mercado. En lácteos, las dos primeras tienen el 66% de la torta. Y en la comercialización de estos productos también actúan empresas con posición dominante: una sola cadena factura 5.500 millones de pesos anuales. Lácteos y carne tienen también el inconveniente que conlleva una demanda externa dispuesta a pagar precios más caros. Los productos vacunos, a su vez, usan como referencia los precios formados en un solo mercado, el de Liniers. Lo anterior parece demostrar que, más allá de cuestiones coyuntuales, existe un problema estructural en el sector formador de precios.

Las empresas privadas y el Estado argentino invierten en energía

La economía argentina no puede producir más de manera indefinida si no destina parte de los ingresos generados a inversiones en bienes de capital, ya que llegado cierto punto todas las empresas producirían al máximo de su capacidad instalada. Este problema ya es grave en sectores como el energético, que hoy produce menos de lo necesario para satisfacer la necesidades de particulares y empresas de Argentina y de países que importan combustible o energía producida localmente.
Un relevamiento realizado por la consultora privada abeceb.com indica que los anuncios de inversiones realizados por empresas privadas en el primer semestre del año suman 8 mil millones de dólares a lo largo de la geografía nacional, y 2 mil millones tomando solamente las de la provincia de Buenos Aires.
Muchas de estas inversiones se refieren a sectores sensibles para el desarrollo nacional como la energía, y son financiadas o subsidiadas por el propio Estado nacional. Otras se refieren a la ampliación de la capacidad de producción de compañías privadas, o a otros proyectos de grupos nacionales o extranjeros.
Entre los principales anuncios del semestre figuran tres destinados a la generación de energía eléctrica: Sedesa, por caso, que anunció U$S 150 millones para ampliar la generadora eléctrica Central Puerto y U$S 500 millones para un proyecto hidroeléctrico en el noroeste argentino. La empresa Albanesi, por su parte, destinaría otros U$S 100 millones a la ampliación de la capacidad de generación eléctrica de la Central Modesto Maranzana que opera en Río Cuarto.
¿Las inversiones anunciadas ya empezaron a ejecutarse? ¿Se corresponden con sectores que están al tope de su capacidad instalada? El economista Mariano Lamothe explicó que hay diferentes casos:
En primer término, muchos de los anuncios importantes tienen que ver con
los sectores petroquímico y, sobre todo,
energético. Dos de las plantas de energía -por un total de 1.600 Megavatios - ya están en proceso de ejecución y podrían estar funcionando el invierno próximo a un 50% de su capacidad, mientras que recién a mediados de 2009 podrían producir al tope. Estas obras están financiadas por dinero retenido por Cammesa, la empresa mayorista de energía, a las prestadoras del servicio, pero el Estado también hará su aporte. Desde el ministerio de Planificación Federal impulsan a su vez otras obras vinculadas con la generación, como la construcción de 9 turbinas hidroeléctricas que podrían entrar en funcionamiento el año próximo. Y algunos particulares también tienen proyectos de inversión de menor envergadura. Donde todavía hay una carencia importante, en cambio, es en el subsector de refinación de petróleo, que viene trabajando al 93 o 94% de su capacidad. Sería necesaria la instalación de una nueva refinería, pero hasta ahora ninguna empresa dispuesta a realizar una inversión de estas características. ¿Se viene la intervención del Estado?
- Un segundo sector que está realizando inversiones importantes es el automotriz, pero en este caso se está aún lejos de alcanzar el máximo de la capacidad instalada, y las inversiones apuntan a consolidar con el lanzamiento de nuevas tecnologías y modelos en uno de los espacios industriales líderes del país.
- Otro caso similar es el del sector metalmecánico, donde se destaca la ampliación de la capacidad de producción de aluminio de Aluar, la única productora nacional, que pertenece al grupo Techint. Un 35% las inversiones - en este caso según un estudio del economista Claudio Lozano - serán subsidiadas por el Estado a través de un mecanismo de deducciones impositivas. El mismo mecanismo ya permitió a Repsol YPF ampliar la destilería de Ensenada con una devolución del 21%.
- También son millonarias las inversiones en la construcción, impulsadas por las viviendas y la infraestructura social financiada por el Estado y por obras particulares localizadas en mayor medida en barrios de buen poder adquisitivo del conurbano.
En síntesis, el panorama de las inversiones es diverso pero en general tiende a consolidar el rumbo económico impulsado por las grandes empresas exitosas y el gobierno.

El bazar tecnológico de las PyMEs

El dólar bajo el colchón, la máquina en desuso, la buena oferta laboral, la recuperación del poder de compra del dinero: ayudaron en los últimos 4 años a que los micro, pequeños y medianos empresarios tuvieran oportunidades de mejorar sus ventas y producir más bienes y servicios. Pero todo tiene un tope, y para superar las propias limitaciones o la creciente competencia de empresas más formadas hace falta producir de forma más eficiente, capacitar al personal, cambiar los sistemas de producción y ventas y modernizar el equipamiento. Todo requiere capital para invertir y asesoramiento para dar los pasos correctos. Muchas veces los empresarios sin contacto con los bancos o los gobiernos desconocen la existencia de planes de auxilio técnico o líneas de crédito aptas para sus necesidades. El elemento clave es por eso, la información. Así lo entendió el ministerio de Producción bonaerense, que dispone de un Centro de Atención Telefónica (0-800-333-6422) que recibe y deriva consultas de pequeños y medianos empresarios y de microemprendedores de toda la Provincia referidas a planes provinciales o nacionales. También lo captaron de esa manera otras organizaciones civiles o público-privadas que brindan asistencia a empresas del universo MiPyME como el CEP o EM-TEC. Emprendedorismo Tecnológico (EM-TEC) es un programa desarrollado por el gobierno de la Provincia en conjunto con la Confederación Económica de la Provincia. Dentro de su órbita se desarrollan y comercializan proyectos vinculados con el software y los servicios informáticos (utilizando mecanismos de incubación), y se asesora a los empresarios respecto de qué sistema adquirir y cómo financiarlo a tasas subsidiadas. También se realizan productos a medida asociando a expertos en software con empresarios. Entre los programas ya desarrollados hay uno destinado a la construcción que permite evaluar costos, presupuestar obras y medir el resultado final en función de las erogaciones realizadas. Otro permite al empresario tener el control de facturación, stock, recursos humanos y demás componentes de su actividad. También hay un sistema para medir el costo de los productos lácteos que el ministerio de Producción bonaerense distribuye de forma gratuita en el sector lechero. Un cuarto producto, esta vez vinculado con el marketing directo, se utiliza para administrar el envío de boletines a una lista segura. También está disponible un tablero de comando (que controla todos los aspectos de un negocio un programa complejo) similar al que hoy utilizan el municipio de San Isidro y el Programa Nacer del ministerio de Salud provincial. Todo puede financiarse a través de líneas de créditos oficiales, siempre que los empresarios cumplan con determinados requisitos. El Centro de Entrenamiento para la Producción (CEP) es, por su parte, una entidad civil con 10 años de trayectoria y 480 proyectos de asistencia técnica a 400 empresas micro, medianas y pequeñas y 2.700 emprendedores. Con financiamiento de las propias firmas y organismos nacionales ha brindado en los últimos 17 meses 85 cursos de capacitación. También asistió a 30 PyMEs en proyectos de innovación tecnológica y ha brindado asistencia técnica en 65 proyectos de inversión. El CEP es ventanilla de entrada del Programa de Reestructuración Empresaria de la SEPyME, realiza cursos de capacitación reembolsados en un 100% con certificados de crédito fiscal y asiste técnicamente para la formulación de proyectos que puede financiarlos a través del FONTAR, de la secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.

Google Earth, el ojo satelital del recaudador

El Google Earth es una herramienta disponible en internet que permite tener vistas satelitales de casi todos los puntos del planeta. La subsecretaría de Ingresos Públicos ya lo viene utilizando para detectar mejoras no declaradas en ferias, barrios residenciales y countries de la provincia de Buenos Aires. El Google Earth sirve hasta ahora para estima lo que los contribuyentes deberían pagar, no para crear nuevas partidas inmobiliarias y emitir las boletas respectivas. Esa laguna legal será cubierta, sin embargo, si la legislatura aprueba un proyecto elaborado en sintonía con las necesidades del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
"Cuando por razones ajenas a la Dirección de Catastro existan objetos territoriales (casas o departamentos) que aún formando parte de una parcela catastral no se encuentren representados en un plano aprobado y registrado conforme la normativa vigente, dicho Organismo podrá individualizarlos, registrarlos y asignarles partidas inmobiliarias mediante métodos alternativos de delimitación territorial que garanticen niveles de precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los actos de mensura", dice uno de los artículos del proyecto. Desde el gobierno le pusieron nombre y apellido a los métodos alternativos: Google Earth.
"La individualización y registración del inmueble efectuada en la forma establecida en el párrafo anterior, subsistirá hasta que se constituya un estado parcelario en los términos de la presente Ley", es decir, hasta que el contribuyente realice su declaración jurada y el organismo oficial corrobore lo declarado a través de los instrumentos de medición tradicionales. Mientras tanto, la Dirección de Rentas podrá emitir las boletas de acuerdo con la información obtenida con el Google Earth.

Talleres clandestinos, empleadas domésticas en negro, docentes mal pagas = mayor desigualdad social

Un estudio realizado por la Unicef en Argentina indica que, en promedio, las mujeres ganan un 26,5% menos que los hombres. El aumento del empleo de mujeres en el mercado laboral es, a la vez, uno de los componentes que explican la reducción de los índices de desocupación, de acuerdo a datos del Indec. Pero según un análisis del Centro de Estudios Sociolaborales (Cespre), contribuye a mantener la desigualdad de ingresos entre los extremos más rico y más pobre de la población.
Para el centro de estudios que dirige el economista Javier Lidenboim, lo lógico sería que junto con el crecimiento económico y el aumento del empleo se verificara una reducción de la brecha de ingresos que separa al 10% más rico del 10% más pobre de la población, pero la diferencia se va reduciendo muy lentamente debido, entre otros factores, a las condiciones de trabajo de la población femenina.
Para sustentar la hipótesis planteada, el estudio del Cespre indica que entre 2002 y 2006 el aumento del empleo asalariado estuvo impulsado principalmente por la incorporación de mujeres al mundo laboral. "Es sabido que, contra la ética y la ley, los sueldos de las trabajadoras son menores en promedio a los de los varones. Ello frena la mejora de ingresos de los hogares", asegura el estudio. Y agrega datos que confirman esa hipótesis: en ese trieño, mientras el porcentaje de aumento de empleo asalariado femenino fue similar al del total en cuanto a puestos de trabajo en blanco, no ocurrió lo mismo en el caso del empleo precario. Allí se observa algo particular: hubo un descenso en el número de puestos de empleo en negro de los varones y un incremento de los puestos de trabajo femeninos de alrededor del 8%.
"De tal manera, al hecho de que las mujeres ganen menos y hayan sido ellas quienes dinamizaron en mayor grado el mercado de trabajo recientemente, se suma que el empleo femenino aumenta y muestra un componente precario subsis
tente que no es despreciable", dice el estudio. "Mientras los asalariados varones de entre 36 y 75 años revistan en un 70 o 75% en blanco, las mujeres en edades similares en ningún caso superan el 60% de cobertura legal", agrega el Cespre.
El total de asalariados (varones y mujeres) creció un 14% entre el último trimestre de 2003 y el último de 2006, pero el de asalariadas tuvo una suba del 24%. El trabajo en blanco total mejoró un 18%, pero el femenino un poco menos: 16%. A su vez, el empleo en negro se redujo, en promedio, un 4%, pero el trabajo no registrado femenino creció el 8%.
Los datos sobre distribución del ingreso correspondientes al segundo trimestre del 2006 muestran que la desigualdad está disminuyendo pero a ritmo lento. El ingreso del 10% de las personas más ricas es 31 veces el ingreso del 10% más pobre. Un indicador mas completo, como el Coeficiente de Gini, señala que la desigualdad sigue en niveles muy altos. El análisis del empleo doméstico, por ejemplo, ayuda a entender este fenómeno. Este sector, de acuerdo a Unicef, genera el 17% del empleo femenino total y el 34% de las ocupaciones para trabajadoras con bajo nivel de educación. Allí, el 39% de las trabajadoras son pobres y el 93% trabaja "en negro". La precariedad laboral es evidente.

En Argentina, cada vez más trabajadores cumplen con jornadas laborales extenuantes

La Argentina crece sin para desde hace 5 años. Esa mejora de la actividad económica implica que las empresas producen hoy más productos y servicios. Y para fabricar más artículos requieren cambiar su tecnología por otra más eficiente o aumentar la fuerza laboral. Ahora bien, de las últimas estadísticas oficiales se desprende que, aunque hubo un aumento de la cantidad de personas ocupadas, fue mucho más fuerte el incremento de la sobreocupación.
Siguiendo la metodología internacional, el Indec considera sobreocupadas a las personas que trabajan más de 45 horas semanales. Según un informe elaborado por la consultora abeceb.com, este sector de los trabajadores asalariados y por cuenta propia va a cobrando cada vez más importancia a medida que el país va creciendo: en el segundo semestre de 2003, había 3,1 millones de sobreocupados. En el segundo semestre de 2006, se llegó a 3,7 millones. En porcentajes, la participación en el total de ocupados pasó del 35,3 al 37,5%. Ese incremento implica que creció más la sobreocupación que la incorporación de desocupados al mundo laboral. Los números de abeceb lo corroboran: en los tres años considerados, el número de ocupados en las zonas urbanas creció 12,1%, mientras que el número de sobreocupados se incrementó 19,2%.
En paralelo con este fenómeno se da otro más preocupante para el gobierno: apenas se incrementó la demanda de trabajadores no calificados, mientras entre los ocupados en puestos que requieren calificación equivalente al de un operario, el 57% del aumento de trabajo se explica por el incremento de la sobreocupación.
¿A que se debe la existencia, en muchos casos, de jornadas laborales extenuantes? Hay por lo menos tres las causas:
- Bajo nivel de remuneración por hora de trabajo, que obliga a los asalariados o cuentapropistas a realizar horas extras o a buscarse un segundo empleo.
- Imposición, por parte de las empresas, de jornadas laborales más extensas que las acordadas con los asalariados o los gremios.
- Insuficiencia de oferta de trabajo calificada, lo que obliga a producir más con igual número de empleados.
Los bajos niveles salariales - el sueldo mínimo no cubre el costo de una canasta de pobreza - alimentan la primera opción, los altos índices de desocupación la segunda y la demanda laboral insatisfecha la tercera.
El faltante de oferta de trabajadores se produce sobre todo en los oficios y las profesiones con un nivel intermedio de calificación laboral, ya que entre los profesionales la sobreocupación es un poco menor al promedio y entre el personal no calificado muy inferior.
El economista Mariano Lamothe consideró que existe una oferta insuficiente de personal calificado, lo que explica en buena medida porqué las empresas prefieren en muchos casos recargar de tareas a sus empleados en lugar de acudir a nuevos trabajadores.

Trabajar como chino, consumir como británico o norteamericano o innovar como Henry Ford o Bill Gates

La producción Argentina crece sin cesardesde hace cinco años. Y no existe ningúnantecedente parecido en las últimas tresdécadas. Crecimiento, sin embargo, no eslo mismo que desarrollo económico. En lasúltimas semanas, académicos de diferentescorrientes ideológicas y políticas - tantoliberales, como heterodoxos opositores yoficialistas- coincidieron en que para que elcrecimiento actual se traduzca en bienestarpara toda la población, es necesario queArgentina piense un estrategia de desarro­llo a largo plazo. En ese plan debería estarincluida la promoción de diferentes secto­res económicos, pero no para sostenerlosporque sí sino en función de que incorpo­ren tecnología e ideas a su procesoproductivo; se integren a redes de provee­dores locales de insumos y servicios;desarrollen productos ideados localmenteen universidades y centros de estudioslocales; y vendan sus productos tanto almercado interno como al mundial a unprecio que les permita estar a la vanguardiade otros competidores externos.
El economista Roberto Lavagna presentóen La Plata su tesis sobre las tres vías parala inserción de los países en un mercadoglobalizado. Las vías son complementariasy no excluyentes, y al menos en dos casospueden conducir al desarrollo económico.
- Por una parte, estarían los países con unmercado de alto consumo gigantesco,como en el caso de Estados Unidos, laUnión Europea o, de forma creciente,algunas economías asiáticas como India oChina. El poder adquisitivo de su pobla­ción sería el principal motor de desarrollo.
- Por otro lado, se destacarían lasNaciones con abundancia de mano de obrabarata, como India, Indonesia o China.Esta vía deja al desarrollo para una etapaulterior.
- Un tercer grupo estaría compuesto poraquellas naciones líderes en innovación,como los Estados Unidos, Japón y países de
la Unión Europea. China estaría en víasde integrarse a esa corriente.
En el caso Argentino, Lavagna cree que"insertarse en el mundo con bajos salariossería un grave error". A la vez, el mercadode alto consumo del Mercosur sería todavíamuy reducido, debido a la existencia dealtos niveles de pobreza. Por lo tanto, elcamino a seguir sería invertir más eninnovación, producir en serie esos produc­tos y venderlos en las góndolas norteameri­canas, japonesas y europeas.
Jorge Todesca y Patricio Narodowski,economistas afines a las ideas del gobierno,destacaron, también en La Plata, que en eseproceso debería darse una integración deempresas medianas y pequeñas en lacadena de producción, y además tendríanque aprovecharse las ventajas comparativasargentinas para incorporar tecnología localal proceso. Por ejemplo, en la producciónde manufacturas de origen agropecuario, sedebería promover el desarrollo local deproductos de alto contenido tecnológicocomo semillas, tractores, y sistemas deseguimiento satelital.
Desde otra vertiente ideológica, los eco­nomistas Juan Lach y Guillermo Rozen­wurcel encabezaron una experiencia acadé­mica promovidas por la UniversidadAustral y la Universidad Nacional de SanMartín. A partir del debate de especialistasliberales y heterodoxos lograron redactarun documento síntesis de propuestas dedesarrollo con amplio consenso. Allí seafirma que:
- Para desarrollarse, Argentina debeapostar a la formación de cadenas produc­tivas y racimos, agregando cada vez mayorvalor a los recursos naturales.
- Es clave afianzar las señales recientes deapoyo a la educación, la innovación, laciencia y la tecnología.
- Son cruciales también mejores políticaspara lograr una distribución más equitativadel ingreso.
En síntesis, la diversidad de ideas no debeimpedir la formación de un amplioconsenso sobre posibles vías para direccio­nar la estrategia de crecimiento - dólar bajoy superávit fiscal -hacia un modelo dedesarrollo. Está en el poder político y en losdistintos actores académicos y productivosla posibilidad de implementar estas líneasde acción.

Lavagna ve luces amarillas en la economía argentina: ¿daltonismo o claridad de visión?

Los sistemas económicos se apoyan a menudo en modelos teóricos. El que Roberto Lavagna ayudó a construir, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, tenía pilares como el superávit fiscal y el consumo. Con el excedente de recursos públicos se podía intervenir en el mercado para mantener el dólar alto y reducir el endeudamiento nacional. El aumento del consumo, a la vez, inducía a los empresarios a incrementar sus inversiones, en algunos casos con recursos propios, y a mantener alto el crecimiento económico. Hoy un proceso inflacionario estaría reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores, y por lo tanto los planes de inversiones de las empresas, y el superávit se estaría achicando, provocando una caída del dólar por insuficiencia de compras y un aumento del endeudamiento. Lavagna propone volver al esquema original. ¿Pero realmente cambió el modelo o se está frente a su evolución lógica? Durante una disertación que realizó la semana pasada en la Universidad de La Plata el ex ministro dijo: “Hay que remontarse a 1907 para encontrar cinco años seguidos de crecimiento de la economía argentina, pero hay que preguntarse si el crecimiento es sostenible en el tiempo”. Para el ex ministro, la sustentabilidad está dada por la combinación de superávit fiscal y crecimiento de la demanda interna. El consumo es, para Lavagna, el principal motor de la economía argentina. “Si no hay consumo, no hay rentabilidad, inversiones ni crecimiento”, afirmó. La falta de recursos prestables del sistema financiero, caído en descrédito durante la última gestión de Domingo Cavallo, fue suplida en la primera etapa de la recuperación económica con autofinanciamiento de las empresas frente a las expectativas de expansión de las ventas. “Este pilar puede estar en peligro porque ha reaparecido la inflación, a tasas toda- vía manejables, pero no menores al 15% anual”, pronosticó. Además, las empresas estarían frenando planes de inversiones por la menor expectativa de crecimiento de la demanda, y la creación neta de empleo se habría reducido a la mitad. “Si en el Gobierno no caen en el autoelogio, pueden ver que hay luces amarillas en la economía argentina”, afirmó Lavagna. Las palabras del ex ministro difieren con algunos datos de la evolución reciente. 2006 cerró con un crecimiento de la actividad económica de 8,6% respecto de 2005, y el primer bimestre de 2007 acumuló una suba de 8,2%. La inversión en 2006, a su vez, fue equivalente al 21,5% del PBI y se constituyó como el indicador más alto desde 1980. Además, el último trimestre de 2006, en que -según destacó Lavagna- habría comenzado a verificarse la desaceleración del ritmo de inversiones, se alcanzó el 21,9%, una cifra casi idéntica al 22% logrado en el primer trimestre de 1998. Respecto de ese año, la economía recuperó todo lo perdido durante la crisis 1998-2001 y creció un 17,2% adicional. Respecto de la creación neta de empleo, durante 2006 -según cifras del ministerio de Trabajo- el crecimiento anual promedio de empleo en el total de aglomerados urbanos fue del 7,7%. Estuvo por debajo del 8,9% de crecimiento de 2005 y por encima del 6,8% de 2005 y el 1,4% de 2003. Punta a punta, la suba del empleo fue de 26,8% en relación con 2002 y 15,2% respecto de 2001, cuando aún no se había llegado al piso de la crisis. Con respecto al superávit primario del Estado nacional, en marzo de 2007 registró un crecimiento interanual de 5,8%, y en el primer trimestre cerró con un excedente de 5.086 millones, un 3,6% más alto que el año pasado. La evolución del excedente primario es inferior al crecimiento de la economía porque comenzaron a ejecutarse muchas de las obras públicas anunciadas por el Gobierno y se incrementó el gasto público social por la incorporación de nuevos jubilados por diferentes moratorias previsionales. Frente a este panorama, Lavagna advirtió: “Se están comiendo el superávit”. Y la consecuencia sería una insuficiencia de recursos para reducir la deuda neta y sostener el dólar, que hoy está en los niveles más bajos del año. ¿Es realmente un indicio de que se está cambiando el modelo?

Empezar desde la escuela: una solución japonesa para superar la baja productividad de la economía argentina

El segundo año de la escuela primaria marcaría la diferencia de las economías de Japón y Argentina, según ironizó Jorge Todesca, presidente de la consultora Finsoport y ex vicepresidente del Banco Provincia. Mientras en el país de Oriente se les enseña a los chicos que la Nación en la que viven es muy pobre, en Argentina se dice, por el contrario, que la suya es inmensamente rica. Mientras la pobreza relativa obliga a maximizar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida, la abundancia real o supuesta es tierra fértil para la pereza. Y la fórmula para que la economía argentina en general y la bonaerense en particular superen sus cuellos de botella históricos y sigan por muchos años un sendero de crecimiento sería justamente imitar a Japón: partir de los recursos propios y de las actividades en desarrollo e iniciar un proceso de modernización del aparato productivo -incluido el rural- y de integración de cadenas de valor que incluya no sólo a las grandes empresas sino además a las PyMEs. La fórmula -si la hubiera- sería vender conocimiento aplicado y no sólo productos que, como los derivados de la soja, requieran aplicación de tecnologías modernas. No sólo habría que sembrar con tractores que tengan tecnología de localización satelital sino que sería necesario producir esas maquinarias con tecnología propia e insumos predominantemente nacionales, aplicando el conocimiento desarrollado en universidades argentinas. Ahondando en estas ideas propias de la heterodoxia económica, la semana pasada, Todesca cerró en la Bolsa de Comercio de La Plata una charla organizada por la Fundación para la Integración Federal de la tomó parte también el economista Patricio Narodowski, jefe de Gabinete de Asesores de la secretaría de Programación Económica del Gobierno nacional. Los análisis fueron coincidentes en más de un aspecto, pero Narodowski hizo un análisis un tanto más exhaustivo del momento actual de la economía argentina en general y bonaerense en particular y sugirió cambios cualitativos. Hoy la producción de bienes en la Provincia tendría las siguientes características: lHoy crecen la agroindustria (que incluye harinas y aceites) y otros productores de artículos básicos de escaso componente tecnológico. lHay pocos eslabonamientos productivos, lo que obliga a comprar insumos o maquinarias en el exterior y a crear una presión sobre las importaciones. lTienen gran importancia para la economía la construcción y servicios de muy baja calidad. lLos productos que se producen localmente y se venden en el mercado interno son de escaso contenido tecnológico y bajos salarios. Frente a este panorama, el desafío sería aumentar la complejidad de la economía -su contenido tecnológico y su especificidad- ya que, según Narodowski: lAumentaría la productividad general de la economía, porque se produciría más con igual cantidad de recursos humanos. lLa mayor productividad repercutiría de forma directa en la balanza comercial, ya que haría menos necesaria la importación de ciertos productos. lLa mayor complejidad tecnológica generaría nuevos negocios, por ejemplo los vinculados con la propia innovación. lUn sistema productivo más moderno permitiría abonar mejores salarios. En particular, Buenos Aires debería ser el centro de este proceso de cambio por tratarse de la provincia en la que se puede desarrollar, con aplicación de conocimiento generado en centros de investigación y universidades, el eslabonamiento de las actividades agropecuarias con sectores industriales y servicios de mayor calidad. La estrategia a desarrollar por los Estados Nacional y bonaerense, aprovechando la coyuntura económica favorable, deberían ir dirigidas a fomentar: lLas inversiones en las industrias siderúrgica, automotriz, de maquinarias agrícolas y petroquímica. lEl desarrollo de PyMEs innovadoras que puedan desarrollar productos propios o servicios de alta calidad para las grandes empresas. lLa producción de conocimiento aplicable a la producción.

Felipe Solá ya tiene plata para terminar su gestión sin sobresaltos financieros

En sólo 40 días de gestión al frente del ministerio de Economía de la Provincia, Carlos Fernández logró consolidar el frente financiero, que en principio parecía tormentoso por las diferencias políticas con la Nación y la inestabilidad de los mercados financieros mundiales. Con el sólo cambio de funcionario -Fernández antes negociaba del otro lado del mostrador con el ex ministro Gerardo Otero- se logró un convenio que permitirá a la Provincia contar con $ 2.740 millones que cubrirán la totalidad de los servicios de deuda con la propia Nación y que se pagarán a ocho años, con uno de gracia para el capital y una tasa fija del 6%. El dinero de ese acuerdo publicado ayer en el Boletín Oficial, se suma a los $ 1.240 millones que aportará el bono emitido la semana pasada en los mercados internacionales, con lo cual ya estarán cubiertos los vencimientos de deuda de este año -unos 3.870 millones- y parte del déficit primario. Un 34% de los vencimientos refinanciados por la Nación corresponden al canje de deuda pública, el 19,4% a la carga de los patacones -incluidos en el Programa de Unificación Monetaria- y el resto son vencimientos de los programas de financiamiento firmados en los últimos cuatro años. Los 2.740 millones se contabilizarán de forma retroactiva desde marzo pasado, con la primera de las diez cuotas, pero como irán a cubrir vencimientos de deudas anteriores, por la Tesorería de la Provincia no pasará un sólo billete. El primero desembolso virtual será de 500 millones de pesos (ya se da por concretado), y el último de 200 millones, a fin de año. Desde enero de 2008 se pagará mensualmente el 6% de interés, y desde enero de 2009, y en 83 cuotas mensuales, la Provincia devolverá el capital adeudado. La garantía, como en años anteriores, será el dinero de la coparticipación federal de impuestos nacionales.

En el convenio de financiamiento también se incluyó un cambio en la fórmula de indexación de los planes de financiamiento de 2003 y 2004: antes se pagaba 2% anual de interés más el índice CER (elaborado tomando como base el índice de precios al consumidor). Ahora se abonará también por esas deudas el 6% anual: el 2% durante este año y los otros 4 puntos se capitalizarán (en el caso del 2003) o se abonarán en una sola cuota (por lo de 2004) el 31 de mayo de 2008. Desde 2005, los programas de financiamiento no incluyen al CER. A través del acuerdo se acordó también que la Provincia use un saldo a favor por una compensación de deudas entre las dos jurisdicciones para realizar pagos pendientes correspondientes al programa financiero de 2006. El acuerdo rubricado por las dos jurisdicciones también obliga a la Provincia a un plan de austeridad fiscal y a reducir su deuda flotante (básicamente con proveedores) para llevarla de 2.100 millones de pesos a 1.737 millones. Según las metas propuestas por el programa financiero, la provincia de Buenos Aires deberá conseguir, fuera del programa, un financiamiento de 1.616 millones. La mayor parte de ese dinero -unos U$S 400 millones- será cubierto con el financiamiento conseguido en los mercados financieros con la emisión de bonos anunciada la semana pasada y que se perfeccionó ayer con la entrega de los títulos.

Argentina, país industrial

La relación particular entre el peso yel dólar, el contexto internacional y las estrate­gias de alianzas con otros países, incentivaronen los ‘90 la exportación de productos prima­rios, en buena medida, y de manufacturas in­dustriales sólo a países con alianzas comercia­les, en especial Brasil. En los últimos años, ladevaluación, el crecimiento de China y el augede los biocombustibles, elevaron los precios delas materias primas pero incentivaron las ven­tas al exterior de manufacturas agropecuariasen una primera etapa, y de productos netamen­te industriales en los últimos años.
En el comparativo de las dos décadas surgeun crecimiento del valor agregado en las ex­portaciones argentinas que se refleja en variosindicadores.
En 1994, pleno auge de los modelo de con­vertibilidad, las manufacturas de origen indus­trial representaban, según cifras de RK Consul­tores, el 29% de las exportaciones, mientrasque n 2006 la participación alcanzó el 32% deltotal.
Según la metodología de la Cepal, la partici­pación de los bienes industriales crecieron del31,7% en 1993 al 37,75% en 2005.
La ruptura entre los dos modelos se produjoentre 2001 y 2002, según explicó el economis­ta Maximiliano Scarlam, de abeceb.com: "Cre­cieron las exportaciones de todos los sectores,pero en mayor medida los vinculados con lasmanufacturas". Los productos elaborados deorigen agropecuario se vendieron un 105%más; las manufacturas de origen industrial,78%. El rubro Combustibles y Energía se elevó54% y los Productos Primarios 43%.
"Hay que distinguir dos etapas tras la deva­luación. Por una parte, entre 2003 y 2004 hu­bo un crecimiento vertiginoso de las manufac­turas de origen agropecuario que se quedó ahí;y entre 2005 y 2006 hubo un auge de la indus­tria automotriz, en parte por la recuperaciónde Brasil". En la primera etapa crecieron sobretodo aceites, harinas y preparados cárnicos, yluego automóviles, autopartes y otras indus­trias de menor peso como las de plásticos, quí­micos, caucho, especialidades farmacéuticas yproductos metalmecánicos.
Sobre la última etapa posdevaluación es muyilustrativo el crecimiento interanual de las ex­portaciones de vehículos a Brasil, México y Ve­nezuela. Al socio mayor del Mercosur, Argenti­na vendía casi 64 mil vehículos en 2005, y pasóa 113 mil en 2006, gracias al crecimiento de lademanda de vehículos de media y alta gama. Asu vez, las ventas a México, que casi no pesabacomo mercado antes de la devaluación, crecie­ron hasta alcanzar las 52.800 unidades en2006. A Venezuela, otro destino más reciente,ya se están vendiendo más de 7 mil vehículos.
En el resumen del último lustro, el 40% delcrecimiento de las exportaciones fue aportadopor los productos agropecuarios con ciertogrado de elaboración, y el 33% por las manu­facturas de origen industrial.
Para realizar la perspectiva de los próximosaños, hay que tener en cuenta que el auge delos biocombustibles hizo subir el precio del tri­go y mantuvo alto el de la soja, lo que implicamayores ventas de productos primarios y deri­vados de la región, pero indirectamente auguraun mantenimiento de la demanda brasileña deproductos terminados, ya que contará con di­visas por las ventas de esos comodities.
A su vez, la alianza estratégica con Venezuelay la progresiva reducción de los aranceles in­dustriales para los productos del Mercosurabre otra vía para la colocación de productosmanufacturados argentinos.

Buenos Aires, con destino exportador

Buenos Aires no sólo es soja y ganado vacuno. En 2006, como en los años anteriores, volvió a ser la principal provincia exportadora en todos los grandes rubros, pero se destacó especialmente en el industrial: casi dos de cada tres dólares que ingresaron al país por la exportación de manufacturas de origen industrial fueron consecuencia de la venta de productos fabricados en la provincia de Buenos Aires.
Un informe de la consultora abeceb.com indica que el 38% de las exportaciones argentinas, unos 17.723 millones, fueron de empresas bonaerense. Y de ese total, unos 9.329 millones fueron exportaciones industriales. De esa manera, la venta al exterior de manufacturas industriales - en especial automóviles - fue en dólares más importante que la suma de las manufacturas o productos primarios de origen agropecuario como la soja en granos o aceite, el ganado en pie o los cortes Hilton. De hecho, mientras el total de exportaciones de la Provincia aumentó 13% respecto de 2005, las ventas de productos netamente industriales se incrementó 19,8%. El 52,6% de las exportaciones bonaerenses de 2006 corresponden a manufacturas de origen industrial.
"Este notable desempeño exportador de la Provincia se sustenta en tres pilares: un tipo de cambio competitivo, un contexto macroeconómico propicio y políticas activas de promoción de exportaciones, tanto a nivel nacional como provincial", opinó la ministra de Producción, Débora Giorgi.
En orden de importancia, las únicas dos provincias que en conjunto pueden rivalizar con Buenos Aires son Santa Fe, con 8.900 millones de dólares, y Córdoba, con 4.794 millones de exportaciones netas. Si se toman sólo las de productos industriales, las ventas externas de esos estados subnacionales descienden a 1.087 y y 1107, respectivamente.
Luego de la devaluación, los productos industriales comenzaron a ganar mayor peso en la estructura exportadora argentina: crecieron del 26,1% de las ventas totales en 2003 al 31,8% en 2006. "Para el 2007 - dice el informe de abeceb.com- se espera que la participación de las Manufacturas de Origen Industrial continúe traccionando las exportaciones y contribuyendo a incrementar su valor agregado".
En el intercambio de productos industriales, el Mercosur es el principal mercado para Argentina y uno de los más importantes para Brasil, junto con Estados Unidos. Pero a esas dos locomotoras - una muy grande y otra más pequeña - se suma Venezuela, proveedora de combustibles para sus industrias. En el caso de las autopartes, el intercambio Brasil-Argentina es desde hace años el principal motor de esa industria, pero Venezuela viene creciendo en lo referido a compras de productos argentinos, a tono con su incorporación al Mercosur.
En 2006, según un informe de IES Consultores, las exportaciones argentinas de autopartes llegaron a 2.312 millones de dólares. Sólo tres países concentran casi dos tercios del total: Brasil (43,7%), Estados Unidos (13,2%) y México (5,8%). Luego se aproxima Venezuela (4,4%), que un año antes ocupaba el séptimo puesto detrás de países como España, Alemania y Chile. El aumento de las inversiones en el sector autopartista, así como las facilidades que se abren para la venta de productos a la Nación caribeña, hacen prever un 2007 más productivo en materia de ventas externas.
La provincia de Buenos Aires tiene un perfil exportador con un significativo grado de diversificación, tanto en productos que vende al exterior como en destinos a los que exporta", señaló la economista María Martínez Garbino, de IES Consultores. "Al poseer un entramado industrial con cierto grado de desarrollo, con un núcleo de empresas maduras y competitivas, ha logrado diversificar su oferta exportable más allá de los productos agro-ganaderos. Esta diversificación de productos le permite alcanzar mercados más lejanos que los socios comerciales limítrofes, como Europa o Estados Unidos".
Maximiliano Scarlam, de abeceb.com, observó sin embargo que algunos mercados combinan barreras para los productos de nuestro país. Por ejemplo, en la competencia con los países de Europa del este por la venta de automóviles a Europa, Argentina lleva las de perder en términos arancelarios por la incorporación de muchos países a la Unión Europea, lo mismo sucede en términos de costos de flete y, en algunos casos, corre en desventaja por decisiones estratégicas tomadas por las automotrices en sus países de origen.

Impuesto provincial a la riqueza: cómo saber quien debe pagar

Hubo polémica, marchas y contramarchas, pero al final de ese camino la Provincia creó un nuevo impuesto que deberán pagar unos 130 mil contribuyentes. ¿Cómo saber quién está alcanzado por el nuevo tributo a la riqueza? Aunque Rentas recién empezó a trabajar en la reglamentación, el procedimiento básico sería el siguiente:
- En principio, presentar una declaración jurada ante el organismo recaudador. Allí deberán incluirse todos los bienes personales que tenga el contribuyente en cualquier lugar de la provincia o del exterior, incluidos los intangibles o los no registrados como: hipotecas a favor, derechos de propiedad intelectual, acciones, títulos, valores, mobiliario del hogar y cualquier otro bien al que se pueda poner precio. Se deberán considerar los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes, y siempre Rentas tendrá la posibilidad de objetarlas en algún punto.
Estas declaraciones juradas servirán en principio para determinar si los contribuyentes del Inmobiliario urbano edificado o baldío y del impuesto a los automotores y las embarcaciones deportivas deberán pagar las alícuotas adicionales establecida en el impuesto provincial a la riqueza. Eso no significa que tengan que pagar el impuesto por la tenencia de derechos de autor de un tema musical, por ejemplo. Sólo se pagará la nueva carga impositiva sobre autos, embarcaciones deportivas, terrenos baldíos, casas y departamentos ubicados en zonas urbanas.
Si el total de bienes está entre los 500 y los 700 mil pesos, la carga impositiva adicional sobre esos bienes gravados será de 0,25%. Si está entre los 700 mil y 1,2 millones, la alícuota sube al 0,5%, y por sobre ese límite alcanzará el 0,75%.
- Una vez convalidada o corregida la declaración jurada del contribuyente, Rentas emitirá boletas en las que incluirá la carga impositiva sobre las propiedades gravadas. El valor a partir del cual se calculará la alícuota será el de mercado, o la valuación fiscal más reciente. En el caso de los inmuebles, la base imponible será en la mayoría mucho más alta que la tomada para determinar el impuesto Inmobiliario, que usa en casi todos los casos los valor establecidos en 1996.
Detalles del proyecto
Un informe del oficialista Nicolás Dalesio, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, proporciona el siguiente ejemplo, que sirve para explicar dos sutilezas del proyecto:
Primero: un contribuyente posee un campo valuado en $ 450 mil, un rodado de $80 mil y una casa de 180 mil. Por tener $710 mil de patrimonio se encuadra en la categoría 2 (con alícuota del 0,50%), pero las cargas adicionales sólo se aplican sobre el rodado y la propiedad urbana.
Segundo: también hay que señalar que para aplicar el adicional sobre el Inmobiliario urbano debe considerarse el 100% de la valuación fiscal de 2005 o el valor de mercado con un límite del 30% por sobre el fiscal. Si la casa de 180 mil vale para el fisco $100 mil, entonces la alícuota deberá aplicarse sobre una base imponible de $130 mil ($ 100 mil +30%).
Actualización de las valuaciones
Como lo señala la Confederación de la Mediana Empresa en un comunicado emitido el jueves, en muchos casos los valores fiscales se multiplicaron por dos, tres o cuatro respecto de los vigentes en 1996. Los siguientes ejemplos fueron proporcionados por la entidad empresaria:
- Una propiedad en San Isidro que hasta fines de 2006 estaba valuada en $380 mil pasó a tener un valor fiscal de cuatro veces superior: 1 millón 520 mil pesos.
- Otra en Moreno, valuada en $150 mil, pasó a $480 mil, lo que significa un aumento del 220%.
- Una propiedad en Quilmes, valuada en $34 mil, pasó a tener un valor fiscal de $92 mil, con una suba de 171%.
Las subas de las valuaciones tendrá un efecto en la determinación de otro tributo: el de Bienes Personales, que cobra la AFIP en función de declaraciones juradas que los contribuyentes deben presentar una vez por año. La AFIP y Rentas utilizan además el mismo soporte informático, lo que permitirá a las dos administraciones tributarias verificar el contendido de las declaraciones realiza}das en el otro organismo. Con la suba del valor de las propiedades, habrá miles de contribuyentes de la Provincia que deberán pagar más en varias ventanillas.

Felipe Solá, cada vez más dependiente de Rentas y menos de la AFIP

Veinte años atrás, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la gobernación de Alejandro Armendáriz, Buenos Aires cedió recursos coparticipables a otras provincias. Quince años atrás, en la primera gestión de Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, recuperó parte de ese dinero a través del Fondo del Conurbano, que administró el gobernador Eduardo Duhalde. Luego, esa masa de recursos fue licuada por su congelamiento y la devaluación del peso. Y durante la segunda gestión de Cavallo, el segundo gobierno de Carlos Menem y la administración de Fernando de la Rúa, el proceso se agravó por la retención de fondos provinciales por parte del Gobierno nacional. Por esa pérdida relativa de recursos a mediados de 2006 Buenos Aires ingresó, en plena bonanza económica de la Nación, en un sendero de déficit y endeudamiento que daría lugar a la renuncia del ex ministro de Economía Gerardo Otero. Pero este proceso dio lugar a otro fenómeno que el gobierno de Felipe Solá no deja de tener en cuenta: cada vez es más importante lo que haga la dirección de Rentas para recaudar más y, en comparación, resulta menos trascendente lo que haga la AFIP. Revisando la evolución de los ingresos de la Provincia entre 1991 y 2005, de acuerdo con información suministrada por la Contaduría General de la Provincia, puede observarse que en 1991, los recursos nacionales significaban el 48,18% de los ingresos totales de la Provincia (no sólo los tributarios), y los recursos aportados por Rentas equivalían al 46,19% de los ingresos totales. La coparticipación federal era casi el único ingreso de jurisdicción nacional, y la recaudación propia un complemento de la que aportaba la DGI. Veinticuatro años después, el dinero enviado por la Nación pasó a representar el 40,75% de la pauta presupuestaria, y el recaudado por la Dirección de Rentas el 43,95%. Además, casi un tercio del dinero que llegó desde Nación estuvo incluido en diferentes fondos especiales, muchos de los cuales dependen más de la buena sintonía de las dos administraciones que del seguimiento de indicadores objetivos que determinen cuánto debería llegar desde la Nación a Buenos Aires. La coparticipación llegó apenas al 27,6% de los ingresos totales, cuando en 1991 significaban el 42,13%. El propio Solá, en el mensaje del Presupuesto 2007, estimó que la provincia que gobierna -que genera el 34% del PBI y tiene el 38% de la población- recibirá este año sólo el 20,7% de los ingresos coparticipables, menos aun que en 2006, cuando llegó a 21,2%. Si a eso se suma que de la bolsa de fondos coparticipables la Nación retira dinero para destinarlo a la Anses, la AFIP y atender diferentes emergencias sociales, entonces queda claro porqué la situación de la Provincia es difícil y porqué ha intentado captar fondos adicionales a través de mecanismos tan disímiles como el juego, el aumento del inmobiliario rural y ahora la creación de un nuevo tributo que actuará como alícuota adicional sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario Urbano.

Impuesto provincial a la riqueza: estimarán bienes de los contribuyentes por consumos con tarjetas del exterior

Los contribuyentes provinciales deberán realizar una declaración jurada de bienes una vez al año: allí deberán estar incluidos todos los bienes tangibles e intangibles que posean en el país y en el exterior. Y aunque el impuesto provincial a la riqueza sólo se cobrará sobre las propiedades urbanas - edificadas y baldías - y el impuesto automotor, para determinar si los están alcanzados por el tributo deberán sumar todos sus bienes, incluso los objetos de arte, el mobiliario y los depósitos o las acciones, a valor actual.
Para estimar el patrimonio personal de los contribuyentes será de vital importancia contar con sus declaraciones juradas. Y si los potenciales contribuyentes de ese tributo no presentaran su declaración, el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, podría sacar varios ases de su manga. Uno de ellos le permitirá estimar los bienes que los contribuyentes posean en el exterior a partir de los consumos realizados en el país con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros.
El mecanismo, poco ortodoxo, será el siguiente:
- Rentas presumirá - como indica el proyecto aprobado en el Senado -que quienes sean titulares de tarjetas de crédito emitidas en el exterior tienen fuera del país bienes o depósitos que les permiten realizar compras.
- Por cada peso gastado en el país con esas tarjetas, se presumirá una renta de dos pesos.
- La rentabilidad sobre las cuentas o propiedades en el exterior se calculará de acuerdo a la tasa libor, a que hoy se ubica entre el 5,32 y el 5,42% anual.
- Aplicando esa fórmula, si Rentas detecta consumos de tarjetas de créditos emitidas por entidades del exterior por 10 mil pesos, presumirá la existencia de una renta de 20 mil pesos, resultado de la tenencia de bienes por 370 mil.
Como las alícuotas adicionales sobre el Inmobiliario Urbano y el Automotor se aplicarán según el valor total de los bienes personales del contribuyente, si el propietario del ejemplo anterior tuviera además en la provincia una casa de 400 mil pesos y un vehículo de 30 mil, entonces estaría incluido en la categoría dos, que prevé una alícuota del 0,5% a aplicarse sobre esa casa y ese vehículo.
"Nosotros tenemos la maquinaria de inteligencia fiscal más grande del país disponible para cobrar este impuesto, y vamos a estar en condiciones de presentarle al contribuyente aquello que sabemos de él para que no se olviden de declarar nada que nosotros ya conocemos que tiene", adelantó Montoya. "Yo tengo fe - dijo a Hoy -que el aparato fiscal de la provincia de Buenos Aires puede administrar el tributo correctamente. Por supuesto que al impuesto hay que estabilizarlo. Nadie lo implanta. Es como presentar un producto nuevo: siempre hay un período de instalación del producto, en este caso del impuesto, pero yo creo que muy rápido pomos recordarles que tienen que declarar bienes, que los tienen y que no se olviden".

Impuesto provincial a la riqueza: suben las valuaciones para recaudar más

Los inmuebles urbanos pagarán en función de los valores determinados en 2005. El Inmobiliario, en cambio, se cobrará de acuerdo a los precios de una década atrás. Para los automotores no habrá cambios. Los que no residan en la Provincia igual tendrán que presentar declaraciones juradas
En la segunda mitad de este año, algunos propietarios de inmuebles urbanos y de automotores tendrán que pagar dos impuestos por cada uno de esos bienes: - Por una parte, el inmobiliario urbano baldío y edificado y el impuesto automotor. - Por otro lado, el impuesto provincial a la riqueza, que gravará a esos mismos objetos de uso con una alícuota adicional de entre el 0,25 y el 0,75%. Todos los propietarios de inmuebles y automotores son contribuyentes de los impuestos de siempre. Y para determinar si además les corresponde abonar el nuevo impuesto, que ayer recibió una “media sanción” del Senado bonaerense, deberán presentar ante la dirección de Rentas una declaración jurada de bienes. Si de esa declaración se deduce que el total de sus propiedades -y no sólo los autos, casa y terrenos- suma más de 500 mil pesos, tendrán que pagar además el impuesto provincial a la riqueza. El adicional sobre el inmobiliario urbano y la patente será del 0,25% cuando el total de propiedades -y no sólo ese bien- sume entre 500 y 700 mil pesos. La alícuota subirá a 0,50% cuando el conjunto sume hasta 1,2 millones, y a 0,75% cuando supere esa cifra. Un detalle a tener muy en cuenta es que para determinar el valor total del conjunto de bienes, así como la base imponible del impuesto a la riqueza, se utilizarán los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes. Esto es muy relevante en el caso de los inmuebles, ya que el Inmobiliario se paga de acuerdo a las valuaciones fiscales de 1996 y el nuevo impuesto se determinará en función de los valores establecidos en 2005, que salvo casos excepcionales triplican los de 1996. “Fue un pedido del ministerio de Economía”, aclaró el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Díaz. Si se toma el valor de mercado, no podrá superar en más de un 30% el asignado por el Estado en 2005. El cambio en las valuaciones permitirá a la vez incluir a más propietarios como contribuyentes del nuevo impuesto -en total, unos 120 mil- y además ayudaría a recaudar más. En el caso de los automóviles, las valuaciones se actualizan todos los años en función de lo que pagan las aseguradoras, lo que implica que allí la base imponible será igual para los dos tributos. Otro cambio que permitirá incluir a más propietarios en el universo de contribuyentes “ricos” es que los propietarios residentes en cualquier provincia o en el exterior, deberán presentar su declaración jurada de bienes aunque tengan en la Provincia sólo un terreno o un auto. Si el total supera los 500 mil pesos, entonces tendrán que pagar las alícuotas adicionales por las propiedades inmuebles urbanas o los automotores. El único cambio que atenúa el sentido recaudatorio del proyecto se refiere a la posibilidad de reducir el tributo hasta en un 50% a los asalariados que no sean morosos del impuesto a las Ganancias. El proyecto fue apoyado por los integrantes de las bancadas del PJ y el FpV y contó con la oposición de cinco integrantes del bloque radical: el senador Diego Rodrigo advirtió que el nuevo tributo podría poner freno a las inversiones extranjeras. Justamente un cambio que apunta a mejorar los ingresos de la Provincia se refiere a la distribución de los 300 millones de pesos que, en el mejor de los casos, podría reportar este nuevo tributo: no serán repartidos a medidas con los municipios sino que irán a las arcas del Estado provincial y de allí una parte irá a las administraciones comunales como coparticipación provincial. Muchos intendentes del partido de Rodrigo pondrán el grito en el cielo, pero el expediente aún debe pasar por Diputados.

Desafíos del nuevo ministro

Carlos Fernández, un especialista en finanzas públicas ligado al gobierno nacional, reemplazará a Gerardo Otero al frente del ministerio de Economía bonaerense. Cuando desembarque en el despacho principal del Palacio de Hacienda, el sucesor de Otero no encontrará un panorama muy alentador: este año el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado provincial será altísimo: el presupuesto prevé un déficit fiscal de 1600 millones de pesos, pero el responsable de la cartera económica deberá conseguir otros 2.855 millones para cubrir vencimientos de capital de la deuda provincial, que en diciembre pasado alcanzaba los 33.327 mil millones de pesos. De los 4.455 millones necesarios para atender todas estas demandas, una parte será solventada con bonos que serían colocados en el mercado internacional, pero el grueso debería ser cubierto con préstamos del gobierno de Néstor Kirchner, a través del Programa de Asistencia Financiera.
Además, el agujero fiscal podría agigantarse por el incremento concedido a los docentes, los aumentos que recibirán los otros empleados de la administración pública y por las dificultades para conseguir nuevos ingresos.
El año pasado, el gobierno tuvo que modificar el revalúo de las propiedades rurales frente a las protestas del sector, y este año la creación de un impuesto a los Activos Financieros y la imposición de sobrealícuotas al Automotor y al Inmobiliario quedaron demorados por diferencias políticas con la Nación. Tampoco pudo aplicarse, salvo en casos excepcionales, el revalúo a las propiedades urbanas. Y ni hablar de cambios en la distribución de impuestos nacionales para beneficiar a la Provincia.
"Nosotros hacemos malabares para tratar de recaudar 300 millones para achicar el déficit y la Nación anuncia un aumento par los docentes que a nosotros nos cuesta varias veces más", sintetizó un allegado a Solá.
Desde la gobernación descuentan que los 1.100 millones que costaría el aumento docente se cubrirían en buena medida con 370 millones que enviaría la Nación (70 millones más que los anunciados) y los 600 millones previstos para incrementos salariales. Harían falta por lo tanto 130 millones adicionales y lo que sea necesrio para pagar un incremento salarial a los 180 mil trabajadores del Estado no incluidos en la paritaria docente. Todo siempre y cuando no surgieran otras demandas salariales insatisfechas y no se cayera la recaudación.

Educación y Alimentación: hay que resolver varios problemas a la vez

La educación es un articulador social: incluye a los niños, adolescentes y adultos en la sociedad, y facilita la socialización y el acceso al mundo del trabajo. Muchos problemas sociales pueden ser resueltos con ayuda de la educación, pero para acceder a ella hace falta mucho más que buenas intenciones: los niños, adolescentes y adultos que concurren a las escuelas tienen otras necesidades más básicas aún: necesitan comer bien, dormir en una vivienda confortable, estar saludables. De otra forma, el rendimiento escolar será deficiente.
Pensemos sólo en la alimentación: "Cuando hay pocos recursos económicos, los alimentos básicos consisten en pan o amasados caseros realizados con harina común refinada, aceite, azúcar, sal, arroz y fideos. Prácticamente no hay consumo de frutas y verduras, y no se llega a un mínimo de carne o alimentos sustitutos y mucho menos de lácteos u otras fuentes de calcio", dice la nutricionista Marcela de la Plaza. El diagnóstico se desprende de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Los niños que se alimentan de esa manera tienen una dieta pobre en vitaminas y minerales.
¿Cómo repercute en las aulas esta forma de alimentarse típica de las familias pobres? "Problemas de atención, irritabilidad o apatía, que se interpretan erróneamente como emocionales, pueden deberse a esta falta de micronutrientes debido a una alimentación crónicamente incorrecta", observa la especialista.
Es decir, la mala alimentación, como los problemas de salud o vivienda, repercuten de forma directa en la educación. No hay que caer, por eso, en el error de creer que la educación resuelve todos los problemas porque, como se ve, no resuelve muchas cuestiones previas.
Sabemos que todas estas necesidades se pueden resolver de forma parcial con comedores, salitas de salud, roperos comunitarios o con la entrega de bolsones de comida, chapas, colchones o medicamentos por parte de los gobiernos. Pero hay una manera de ayudar a resolver todos esos problemas de una vez: con la Asignación Universal por hijo.
¿De qué se trata esta idea? Los trabajadores en blanco, de sueldos bajos o medios, reciben, junto con sus sueldos, asignaciones familiares para ayudar a la crianza de sus chicos. Los desocupados y los empleados en negros no. La idea de conceder una asignación universal implica que todos los padres de todos niños y adolescentes de hasta 19 años cobrarían una asignación por hijo, en lo posible equivalente a los 60 pesos que, en promedio, perciben los trabajadores registrados.
No es poco dinero el necesario para tomar una decisión de ese tipo: hay 13,8 millones de niños y adolescentes en Argentina, de los cuales 4,8 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Sólo un 30% de ellos tiene padres con empleo en blanco en condiciones de cobrar la Asignación Familiar contributiva que paga la ANSeS.
Del otro 70%, un pequeño grupo de profesionales, empresarios y monotributistas cuenta con ingresos suficientes para asegurar la crianza de sus hijos. Los demás viven de empleos en negro, planes sociales, changas, ayuda de familiares y amigos: ellos necesitan insertarse a la economía formal para cobrar la asignación contributiva.
Pero para cubrir ese trayecto que va de la economía informal de subsistencia a la inserción en el mundo formal del trabajo será necesaria una estrategia nacional que incluya la reindustrialización del país, la reconstrucción del tejido productivo y planes de reinserción laboral como el Seguro de Capacitación y Empleo.
¿Y mientras tanto, qué? Para eso están los planes asistenciales, como el Familias o el Jefas y Jefes de Hogar, que sin embargo no cubren todo el universo de grupos familiares no insertos en la economía formal. Superar esa etapa requeriría la creación de un Seguro de Niñez, una Asignación Universal o un Plan Familias abierto a todos los padres o madres fuera del mercado de trabajo.
No hay que ser ingenuos: el costo sería muy alto, ya que entregar 60 pesos a los padres y madres de 10 millones de chicos de todo el país sería, en comparación, más caro que mantener todos el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, incluido el pago de sueldos, becas, subsidios y mantenimiento edilicio. Adoptar una medida de este tipo requeriría, por eso, un acuerdo de la Nación con las provincias, y haría falta traspasar recursos de otros planes sociales al seguro, y requeriría un incremento de impuestos a los que pueden pagar más para el sostenimiento del Estado.
Se trata de una tarea difícil, que requiere de un compromiso fuerte de los gobernantes, pero el premio de semejante esfuerzo es muy atractivo: millones de niños mejorarían su inserción al mundo del consumo de alimentos; sus padres podrían adquirir remedios cuando los chicos estén enfermos; podrían vestirlos mejor para que vayan a la escuela, pagarles el micro; comprarles libros; llevarlos a pasear. Podrían comer juntos, en familia, en el comedor de sus casas. Sería una forma de incluirlos en una sociedad que los margina.

A no deslumbrarse por las cifras

La ciencia económica es sólo una herramienta para que el ser humano pueda comprender mejor algunos aspectos del mundo que lo rodea. La economía utiliza herramientas matemáticas para realizar sus análisis, y en particular las estadísticas para medir la dimensión y la evolución de algunos aspectos de la realidad. Pero no hay que abusar de las cifras ni pensar que lo que se vea a través de un puñado de datos refleja la totalidad de las cosas. Si no caeríamos en errores tales como creer que la situación fiscal de Argentina es mejor que la de Estados Unidos. Si no, puede verse el siguiente ejemplo, que incluye indicadores reales de 2006.
- Según cifras de la embajada y la reserva federal norteamericanas, la primera potencia mundial tiene una deuda pública de 8,5 billones de dólares. El endeudamiento equivale al 76,4% de su PBI; es decir, a más de 9 meses de trabajo de sus 300 millones de habitantes. Dicho de otra manera, cada estadounidense debe 28 mil dólares, más de las tres cuartas partes de la riqueza que genera en un año.
- Según el banco central y el ministerio de economía argentinos, la deuda pública de 130 mil millones de dólares equivale apenas al 68,3% del PBI, o al trabajo de algo más de ocho meses de todos sus habitantes. El endeudamiento equivale entonces a poco más de dos tercios de la riqueza generada en un año.
- Por otra parte, mientras Argentina tiene un superávit comercial de casi 10 mil millones de dólares, Estados Unidos posee un déficit de 849 mil millones. Y mientras Argentina acumula sucesivos excedentes fiscales, Estados Unidos incurre en déficit crónicos; es decir, el Estado norteamericano gasta mucho más de lo que recauda.
Los datos anterios pueden inducir a un error: a decir que el Estado argentino está en una mejor posición que el norteamericano sólo porque su endeudamiento es menor, o porque posee superávit fiscal y comercial, mientras que Estados Unidos tiene déficit.
Sin embargo, el economista, o el periodista, o el analista, debe poner dar a cada dato la dimensión que se merece, y colocarla en su justo contexto.
En el ejemplo anterior, algo que no está puesto de forma explícita y ayuda a entender porqué la situación fiscal argentina no supera la de Estados Unidos es el sistema monetario internacional en el que los dos países están insertos: Argentina debe adquirir los dólares que necesita para comprar productos importados, ahorrar y pagar parte de su deuda, mientras que Estados Unidos puede fabricarlos libremente (apenas con un costo operativo), comprar productos importados, pagar sus vencimientos de deuda y cubrir literalmente con papeles su creciente déficit.