La suposición de que el periodismo es un “cuarto poder”
encargado de controlar las instituciones democrática, es una hipótesis cada vez
más débil. La prensa hegemónica no cumple un rol de censor moral de las
acciones políticas ni fomenta un debate ciudadano sobre políticas de Estado.
Por lo menos no es su rol central. En la Argentina construye la agenda
periodística y la tipificación positiva, negativa o neutra de los actores
sociales y políticos, y lo hace en función de sus propios intereses y los de
las empresas y sectores de poder a los que representa.
El caso de Daniel Scioli, es muy claro en ese sentido. El
gobernador es visto por los medios dominantes como una esperanza de ruptura en
el oficialismo. Lejos de cumplir un rol imparcial, en 2011 la prensa hegemónica
no dudó en transformarse en un eje articulador de la oposición, a través de intentos
fallidos de unidad de sectores disímiles o de constitución de un “peronismo
disidente” que pudiera captar parte de la base social de tradición peronista.
No obstante esos intentos, sus pronósticos de segunda vuelta fracasaron estrepitosamente
en los comicios de octubre de ese año.
La estrategia de los medios dominantes consiste ahora en ir
construyendo en el imaginario colectivo un eje diferenciador entre los
partidarios de la Jefa de Estado y los dirigentes que podrían liderar una
ruptura del oficialismo que ponga freno al proceso de transformaciones llevado
adelante por el gobierno nacional, al menos en aquellas cuestiones en que son
perjudicados sus intereses, como la ley de medios o el programa “futbol para
todos”.
Los partidarios del gobierno nacional son usualmente descriptos
como integrantes de una suerte de secta de fanáticos: “ultrakirchneristas” o miembros
del “kirchnerismo duro”. Y las iniciativas oficiales, descalificadas a partir
de tipificaciones parecidas, como “ley k”, o bien con aclaraciones tales como
que se trata de una cuestión “polémica”. El gobierno de Cristina Fernández es
presentado como responsable de todas las dificultades económico-sociales, como
el incremento de precios dispuestos por empresas de posición dominante en el
mercado; hechos delictivos como los sucedidos en Junín o La Plata esta semana; o
la falta de avances en causas judiciales, como la del atentado contra la sede
de la AMIA.
Las acciones del gobernador, en cambio, reciben un trato
diferenciado, y las dificultades político-sociales que se presentan en su
jurisdicción son supuestas como consecuencia de políticas nacionales, o bien se
muestra al mandatario provincial buscando soluciones y al gobierno de Cristina
Fernández poniendo obstáculos en esa
búsqueda.
A la vez, se sugiere que las declaraciones o hechos
políticos que muestran al gobernador en sintonía con el proceso político
nacional son algo así como “puestas en escena”, mientras que las “fotos” que lo
ponen junto con actores político de escasa o nula afinidad con el kirchnerismo
serían una manifestación genuina del pensamiento componedor y dialoguista de
Scioli. Esa “virtud” del gobernador es mostrada en disonancia con el
decisionismo presidencial, que implica la toma de decisiones con independencia
de los grupos de poder a los que defiende la prensa hegemónica, lo cual le vale
acusaciones de despotismo o absolutismo.
El supuesto “autoritarismo” presidencial – en realidad,
autoridad conferida por los votos – se complementa con la idea de que se
mantiene al gobernador en una situación de subordinación económica y política,
debido a las dificultades financieras que padece su administración y el
reducido número de legisladores afines. Los problemas económicos son
presentados como consecuencia de la “falta de ayuda” nacional y utilizados para
sugerir que el mandatario provincial sería una simple “víctima” de las
circunstancias, y que lo más lógico sería que se “libere” de ese yugo y
reoriente sus alianzas políticas hacia el “antikirchnerismo”.
Algunas decisiones de la gestión bonaerense, junto con la
práctica de Scioli de mostrarse con dirigentes opositores al proceso político
nacional, constituyen el punto de certeza sobre el cual se construye esa “realidad”
mediática. Entre las decisiones administrativas puede mencionarse el apoyo
publicitario a la prensa hegemónica y a iniciativas como Expoagro; mientras que
el diálogo reservado con Julio Cobos, una “esperanza mediática” fallida,
constituye quizás el punto más alto de la política “gestual”.
¿Hasta cuándo continuará esta campaña? De no haber un
reacomodamiento de los intereses a los que representa la prensa hegemónica ni
una “ruptura” del gobernador con ese sector del periodismo ni con el gobierno
nacional, la situación podría continuar quizás hasta los comicios de 2015. El
incremento de la violencia verbal de parte de amplios sectores de la prensa
hace pensar sin embargo que imaginan escenarios de definición incluso antes de
esa fecha. Dependerá entonces de los propios actores políticos.