La clase media vive en casa ajena

El auge de la construcción de viviendas que vivió nuestro país luego de la devaluación, y que ahora se está desacelerando, estuvo más vinculado al negocio de inversionistas que tenían fondos ociosos que a las chances de los asalariados de lograr acceso a una vivienda propia. En estos cinco años, los precios de las propiedades acompañaron la evolución de dólar y permitieron a los inversores mantener constante el valor de los billetes sacados del corralito o del fondo del colchón. Y la evolución de los precios de los inmuebles actuó en sentido contrario para los trabajadores de ingresos medios, porque los salarios apenas se duplicaron en ese tiempo y hoy son insuficientes, en muchos casos, para que puedan calificar en las líneas de crédito tradicionales. Para colmo, cerca del 40% de la economía es informal, y por eso los asalariados, como los cuentapropistas, no pueden en muchos casos demostrar los ingresos necesarios para obtener créditos en los bancos.
La situación actual difiere sustancialmente de la de mediados del siglo pasado: entonces, el stock de créditos hipotecarios equivalía al 40% del PBI; y hoy a gatas llega al 2%, según estimaciones realizadas por el Banco Río. Hay que recordar, además, que del total de propiedades construidas en Capital Federal - epicentro del boom inmobiliario - sólo el 7,9% de las escrituras de este año fueron financiadas con hipotecas, según datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC). En todo el país, según el Banco Central, el préstamo hipotecario para viviendas ronda los 6.505 millones de pesos, menos del 14% del total de créditos del sistema financiero. El volumen de préstamos para viviendas está además un 40% por debajo del registro de fines de 2001.
Frente a esta situación, el gobierno nacional ideó un plan para facilitar a los inquilinos la adquisición de una vivienda propia, pero sólo el Banco Nación - donde se otorgaron más de 3 mil préstamos -logró una buena cantidad de clientes de ese producto. En el resto de las entidades, la adhesión fue muy escasa. Ahora ahora el gobierno está preparando un programa más ambicioso, que incluiría un sistema de doble hipoteca. Con él, una vez que devuelva el dinero que le prestó el banco, el propietario deberá reintegra al Estado otro porcentaje del crédito, que podría ser equivalente al 20% del valor de la vivienda.
No sería esta la primera ni la segunda vez que el gobierno tome cartas en el asunto. La intervención del Estado ya es decisiva a la hora de asegurar condiciones dignas de vida a un porcentaje de los habitantes de barrios carenciados o asentamientos. En 2001 se hizo un censo nacional que determinó la necesidad de construir más de 3 millones de viviendas para suplir el déficit habitacional de más de un tercio de la población, en especial la de menores ingresos. Y el mantenimiento de los planes para atender esa problemática social es crucial para no empeorar el indicador.
En el otro extremo, los fideicomisos constituidos por las grandes empresas constructoras, los fondos de inversión y los mecanismos de autofinanciamiento con fondos ociosos son decisivos en la edificación de torres lujosas en territorio porteño y en barrios privados de zonas del conurbano. Pero en el medio de los dos extremos sociales queda una amplia franja profesionales, asalariados y comerciantes con sueldos o ingresos medios que hoy tienen pocas chances de acceder a créditos debido a los costos y requisitos exigidos. Según la cámara de agentes inmobiliarios, el crédito hipotecario en España tiene un período de amortización de 30 años y una tasa de interés ronda el 5%, mientras que en Argentina el plazo es inferior -generalmente de 20 años - y el interés ronda el 12%. Un problema adicional es que para conseguir el dinero del banco es necesario demostrar ingresos en blanco que como mínimo tripliquen el valor de la cuota, y alrededor de un 40% de los asalariados cobra sumas en negro.
"Sin una tasa subsidiada por el Gobierno que esté en torno a 7,5% solo podrán acceder a los préstamos hipotecarios las personas del sector privado que hayan percibido mayores aumentos en sus salarios. Con los ingresos, el valor de los inmuebles y las condiciones crediticias actuales, muchos están condenados a no ser nunca propietarios", observó el economista Eduardo Fracchia, de la Universidad Austral. Si el Estado saliera en auxilio de los sectores medios, también contribuiría mantener alto el crecimiento de la construcción, que hoy avanza a un moderado ritmo del 7% anual, y ayudaría a mantener alta la tasa de creación de empleo. Hay que recordar que la construcción de viviendas particulares y públicas, las obras de infraestructura y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, en su conjunto, explican alrededor de 35% de los puestos de empleo generados entre mayo de 2006 y mayo de 2007. Sólo la construcción generó 53 mil empleos nuevos en sólo un año, según datos relevados por el Indec.En la Argentina el stock de hipotecas representa sólo el 2% del PBI. Es 20 veces menos que en Chile y 40 veces menos que en España. Significa que todavía hay un largo camino por recorrer.

¿Crecimiento con inflación o la estabilidad de los cementerios?

La “paz de los cementerios” en materia de precios es característica de países que cayeron en períodos de depresión económica. La puja distributiva entre el trabajo y el capital, entre diferentes eslabones de la cadena productiva entre sí, y entre el Estado y las empresas de servicios es más usual en períodos de auge de la economía, debido a la generación de riquezas que los diferentes sectores que intervienen en el proceso de producción pretenden tomar para sí. Esa pulseada puede provocar un movimiento ascendente de los precios. En Argentina, cinco años consecutivos de paulatino crecimiento económico dieron lugar a una disminución del desempleo y la pobreza, pero también a una carrera de los precios disimulada, apenas, por los índices oficiales. La aplicación de un modelo económico basado en un dólar alto y superávit fiscal por aplicación de retenciones a productos primarios permitió la sustitución de importaciones y la consecuente disminución del desempleo y la pobreza, pero poco pudo hacer el Gobierno para atenuar las subas de precios de productos de consumo popular. El modelo de la convertibilidad, en cambio, permitió en su mejor momento una disminución de los precios pero a costa de una baja de los salarios, la exclusión de parte de la población de la posibilidad de contar con empleo e ingresos, el endeudamiento del Estado y la extranjerización y concentración de la economía. Parte de esa herencia sigue entre los argentinos pero tiende a disminuir su gravedad, salvo en lo referido a la distribución de los frutos de la economía, que se mantiene en niveles parecidos a los de entonces. Así y todo, la mayoría de los economistas opina que la inflación es un problema que debe resolver el Gobierno. No todos coinciden en el diagnóstico sobre el origen del aumento de precios y por lo tanto proponen medidas de diferente tenor para enfrentar ese fenómeno que golpea en los bolsillos de los sectores de ingresos fijos. Jorge Avila, especialista del Cema, cree que se trata de una combinación de factores. “Por una parte, el fuerte incremento del gasto público que se verifica desde el año pasado. Por otra parte, el aumento de los precios de las materias primas que exporta el país, que inevitablemente eleva los precios internos. Ambos factores han venido a reforzar la inflación residual que experimenta el país desde la gran devaluación de 2002”, dijo a Hoy el economista del CEMA. Parecido fue el diagnóstico de Eduardo Curia. “La inflación se da por una mezcla de factores. Por una parte, los cambios en los valores relativos (por la devaluación) dejan una secuela. Por otro lado, en el frente fiscal está declinando el superávit. A la vez, hay un aumento de la demanda por el avance de la masa salarial, que además presiona sobre los costos de las empresas. Y en este contexto, el aumento del crédito al consumo es un multiplicador”, afirmó. Diferente fue la respuesta de Julio Gambina, economista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. “Existen razones estructurales, entre ellas la dominación económica de capitales altamente concentrados en la producción y circulación de bienes y servicios. Los monetaristas hablan de inflación de costos (aumentos de salarios) y de demanda (mayor disposición al consumo), pero todas las mediciones de productividad y de distribución funcional del ingreso demuestran que no hay tal inflación de costos”, respondió. “El otro argumento se cae con 40% de trabajadores en situación irregular y 12 millones de pobres e indigentes que no pueden ser acusados de provocar el boom de consumo. El elevado consumo es de m2 de construcción de alto valor y de autos 0 km. Los precios suben porque hay condiciones de establecer esos valores en los que dominan el mercado y existen sectores de altos ingresos que los convalidan”. La concentración de los mercados como detonante o facilitador del aumento de precios ya fue señalada, entre otros investigadores, por el actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José Sbattella. De su trabajo se deduce que en algunas ramas industriales los aumentos de precios pueden decidirse en un solo despacho. Por ejemplo: en la industria siderúrgica, una sola compañía concentra el 84% de las ventas en el mercado interno. En cemento, 3 empresas tienen el 96%. En galletitas, 2 firmas poseen el 73% del mercado. En lácteos, las dos primeras tienen el 66% de la torta. Y en la comercialización de estos productos también actúan empresas con posición dominante: una sola cadena factura 5.500 millones de pesos anuales. Lácteos y carne tienen también el inconveniente que conlleva una demanda externa dispuesta a pagar precios más caros. Los productos vacunos, a su vez, usan como referencia los precios formados en un solo mercado, el de Liniers. Lo anterior parece demostrar que, más allá de cuestiones coyuntuales, existe un problema estructural en el sector formador de precios.

Las empresas privadas y el Estado argentino invierten en energía

La economía argentina no puede producir más de manera indefinida si no destina parte de los ingresos generados a inversiones en bienes de capital, ya que llegado cierto punto todas las empresas producirían al máximo de su capacidad instalada. Este problema ya es grave en sectores como el energético, que hoy produce menos de lo necesario para satisfacer la necesidades de particulares y empresas de Argentina y de países que importan combustible o energía producida localmente.
Un relevamiento realizado por la consultora privada abeceb.com indica que los anuncios de inversiones realizados por empresas privadas en el primer semestre del año suman 8 mil millones de dólares a lo largo de la geografía nacional, y 2 mil millones tomando solamente las de la provincia de Buenos Aires.
Muchas de estas inversiones se refieren a sectores sensibles para el desarrollo nacional como la energía, y son financiadas o subsidiadas por el propio Estado nacional. Otras se refieren a la ampliación de la capacidad de producción de compañías privadas, o a otros proyectos de grupos nacionales o extranjeros.
Entre los principales anuncios del semestre figuran tres destinados a la generación de energía eléctrica: Sedesa, por caso, que anunció U$S 150 millones para ampliar la generadora eléctrica Central Puerto y U$S 500 millones para un proyecto hidroeléctrico en el noroeste argentino. La empresa Albanesi, por su parte, destinaría otros U$S 100 millones a la ampliación de la capacidad de generación eléctrica de la Central Modesto Maranzana que opera en Río Cuarto.
¿Las inversiones anunciadas ya empezaron a ejecutarse? ¿Se corresponden con sectores que están al tope de su capacidad instalada? El economista Mariano Lamothe explicó que hay diferentes casos:
En primer término, muchos de los anuncios importantes tienen que ver con
los sectores petroquímico y, sobre todo,
energético. Dos de las plantas de energía -por un total de 1.600 Megavatios - ya están en proceso de ejecución y podrían estar funcionando el invierno próximo a un 50% de su capacidad, mientras que recién a mediados de 2009 podrían producir al tope. Estas obras están financiadas por dinero retenido por Cammesa, la empresa mayorista de energía, a las prestadoras del servicio, pero el Estado también hará su aporte. Desde el ministerio de Planificación Federal impulsan a su vez otras obras vinculadas con la generación, como la construcción de 9 turbinas hidroeléctricas que podrían entrar en funcionamiento el año próximo. Y algunos particulares también tienen proyectos de inversión de menor envergadura. Donde todavía hay una carencia importante, en cambio, es en el subsector de refinación de petróleo, que viene trabajando al 93 o 94% de su capacidad. Sería necesaria la instalación de una nueva refinería, pero hasta ahora ninguna empresa dispuesta a realizar una inversión de estas características. ¿Se viene la intervención del Estado?
- Un segundo sector que está realizando inversiones importantes es el automotriz, pero en este caso se está aún lejos de alcanzar el máximo de la capacidad instalada, y las inversiones apuntan a consolidar con el lanzamiento de nuevas tecnologías y modelos en uno de los espacios industriales líderes del país.
- Otro caso similar es el del sector metalmecánico, donde se destaca la ampliación de la capacidad de producción de aluminio de Aluar, la única productora nacional, que pertenece al grupo Techint. Un 35% las inversiones - en este caso según un estudio del economista Claudio Lozano - serán subsidiadas por el Estado a través de un mecanismo de deducciones impositivas. El mismo mecanismo ya permitió a Repsol YPF ampliar la destilería de Ensenada con una devolución del 21%.
- También son millonarias las inversiones en la construcción, impulsadas por las viviendas y la infraestructura social financiada por el Estado y por obras particulares localizadas en mayor medida en barrios de buen poder adquisitivo del conurbano.
En síntesis, el panorama de las inversiones es diverso pero en general tiende a consolidar el rumbo económico impulsado por las grandes empresas exitosas y el gobierno.