¿Pueden los salarios impulsar la economía?

Una vez, un economista advirtió a Juan Domingo Perón que, si aumenta­ ba los salarios, la economía no llegaría al “punto óptimo” en el cual se produciría la máxima cantidad posible de bienes con un uso mínimo de insumos. La respuesta del ex presiden­ te fue: “El estómago no tiene un punto óptimo, tiene un punto de satura­ ción”. ¿Los trabajadores argentinos llegaron a ese punto? Desde una perspectiva histórica, están muy lejos de esa situación, ya que la participa­ ción de los asalariados en la economía se redujo a casi la mitad de lo que fue durante el primer gobierno peronista. Y vista la evolución reciente de los salarios, la situación tampoco es ideal: sólo los trabajadores legalmente ins­ criptos recuperaron el poder de com­ pra que tenían antes de la caída de la convertibilidad, mientras que los em­ pleados en negro y los agentes estatales quedaron rezagados respecto de los precios de los artículos de consumo masivo.
El índice general de precios minoris­ tas registró, entre el cuarto trimestre de 2001 y marzo de 2006, una suba del 78,85%, mientras que el rubro alimentos y bebidas, incluido en el índice general, aumentó un 109,46%. Los salarios de la economía subieron un 63,98%, menos que el incremento de precios. Sólo los sueldos en blanco superaron el IPC (96,67%), mientras que los asalariados no registrados (38,21%) y los estatales (25,99%) todavía no recuperaron el poder de compra que tenían, en promedio, el último trimestre de 2001.
Esta situación implica que la actual recuperación del consumo interno descansa en mayor medida sobre los gastos de los empresarios y de los consumidores del exterior. Un trabajo del Centro de Estudios sobre Pobla­ ción, Empleo y Desarrollo avala esta teoría: en 2001, los asalariados partici­ paban en un 36,5% del total del consumo privado, y en 2004, la participación se redujo al 27,3%. El consumo capitalista, en tanto, subió del 41 al 51,5%.
Esta evolución parece indicar que hay margen para producir una mayor cantidad de artículos de consumo masivo: se podría incentivar la produc­ ción de la agroindustria y de manufac­ turas industriales a gran escala, crean­ do en ese proceso mano de obra que con sus salarios sería demandante de esos productos. También parece haber margen para incrementar los salarios de los que tienen empleo, pero en ese caso compensando la suba del consu­ mo con inversiones en los sectores que verán superada su capacidad de pro­ ducción.
El economista Alejandro Sergio, do­ cente de la UNLP y del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de Ate, piensa que es posible subir los sueldos sin provocar presiones infla­ cionarias, pero bajo ciertas condicio­ nes: “Si las empresas tienen una buena tasa de rentabilidad, hay margen para subir los salarios afectando la renta de las compañías. En eso está el gobierno cuando trata de hacer acuerdos de precios: busca que no suban los productos, y que los salarios tengan un margen de mejora acotado. Desde ese punto de vista, si funciona, los salarios pueden subir lentamente y de forma negociada. El problema es que el mecanismo es difícil de implementar”.
“Otra posibilidad - cree - es no subir el salario como tal si no el ingreso por otras fuentes, disminuyendo los im­ puestos que gravan a los salarios, como aportes personales, y que esa baja vaya al salario de bolsillo. Y otro mecanismo más indirecto es la refor­ ma impositiva, que puede generar ingresos no salariales para los trabaja­ dores, como servicios de mejor cali­ dad. Con mayores impuestos a las ganancias y menores al trabajo, tam­ bién se puede lograr la mejora sin generar inflación”.
El economista Mariano Lamote, de abeceb, es partidario de que la política salarial se defina por sectores, de forma tal de no comprometer en un aumento de costos a empresas sin margen para conceder mejoras. “La lógica es que los aumentos de salarios, en este momento, inciden de dos maneras sobre los precios: por un lado, en un aumento de costos. Es discutible hasta donde las empresas pueden absorber o no los aumentos”.
“Por otro lado - sostiene- casi siempre los aumentos de salarios son ciento por ciento incremento sobre un consumo que se está recalentado, mientras que la oferta viene creciendo mas lentamente. Y el productor tiene que ajustar por precio porque ya no puede hacerlo por cantidad. Entonces, los aumentos de salarios podrían generar presiones inflacionarias, de­ pendiendo de la magnitud. Tienen que estar en un marco lógico: que puedan recuperar todo el poder adquisitivo que perdieron pero que no generen presiones inflacionarias que no hagan posible sostener una política de creci­ miento económico”.
La participación de los asalariados en el reparto de la riqueza se ha ido reduciendo a lo largo del último medio siglo, en parte por los diferentes objetivos de las políticas económicas de los gobiernos, en parte por los cambiantes escenarios internacionales y en parte por el rol de los trabajadores en los sucesivos períodos históricos. La respuesta de Perón, como la de otros gobernantes, mostraba el rol que se asignaba entonces al consumo asalariado dentro del proyecto de país. A décadas de esa experiencia histórica la pregunta que surge es: ¿Se puede desarrollar otro modelo donde el salario de los trabajadores vuelva a ser uno de los impulsores de la economía?

Las AFJP argentinas se quedan con el 37% de los aportes de sus futuros jubilados

Los inversores - de cualquier tipo -tienen sus negocios en claro: depositan dinero y esperan recibir más que lo que confiaron al administrador de sus fondos. Los ahorristas, en cambio, sólo esperan que su dinero no pierda valor. ¿Y los afiliados a las AFJP? El sistema actual parece condenarlos a que pierdan parte de sus aportes: uno de cada tres pesos que depositan en su cuenta individual es apropiado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
El último Boletín Estadístico de la Superintendencia de AFJP indica que, en promedio, el 37% del dinero descontado a trabajadores y asalariados es apropiado por las administradoras en concepto de comisiones. En algunos casos, el porcentaje que queda en manos de las administradoras supera el 40%. La rentabilidad anual de los fondos es del 9,8%, lo que indica que son necesarios 4 años sólo para recuperar el dinero aportado al sistema.
En esos mismos cuatro años, un inversionistas podría obtener un 28% de rentabilidad sobre el capital invirtiendo en títulos del tesoro norteamericano, considerados por agentes globales como los más seguro de todas las plazas financieras del mundo.
Pocos en su sano juicio depositarían un dinero en una AFJP. Esto no es un juicio de valor si no un dato de la realidad: la Superintendencia de AFJP indica que, en los últimos 12 meses, sólo el 21% de los trabajadores o autónomos se afiliaron de manera voluntaria al sistema. El 79% no hizo ninguna opción, y el destino de su dinero fue a sorteo ente las 11 administradoras.
Otro aspecto de interés, que se desprende del informe oficial, es que el total de afiliados alcanza los 10,8 millones de personas, pero sólo aportan 4,4 millones. De los que sí cumplen, el 95% son empleados dependientes de empresas y el 5% empresarios o monotributistas. Si la proporción fuera idéntica en el caso del total de afiliados, los no aportantes serían, en la mayoría de los casos, trabajadores en negro, o empleados de empresas que no estarían cumpliendo con sus obligaciones en materia previsional. Una pequeña parte de los incumplidores estaría compuesta, en tanto, por trabajadores autónomos que prefieren quedarse con su dinero en lugar de confiarlo a una administradora privada.
Este breve panorama indica, sin atenuantes, que fue muy mal negocio para los futuros jubilados haber derivado, en los últimos 11 años, 33 mil millones de pesos al sistema de capitalización individual. Hoy, el total de fondos del sistema privado alcanza los 75 mil millones de pesos. Cuando el sistema era estatal, los gobiernos utilizaban el dinero de los aportantes al sistema para financiar gasto público social. Y eso sigue sucediendo en buena medida, ya que 54% del dinero invertido en el sistema fue prestado al Estado argentino, el 14% está en título y valores privados nacionales, el 10% en títulos y valores extranjeros, el 4% en plazos fijos y el 18% en otras inversiones. A diferencia de los ocurrido hasta 1994, por ese 54% el Estado argentino debe pagar intereses. Y el dinero para abonar esa carga es abonado por los propios contribuyentes, incluidos los aportantes al sistema previsional, a través del pago de impuestos. ¿No será tiempo de pensar en un cambio de sistema?

¿Quién recauda más: Alberto Abad o Santiago Montoya?

En la política, puede distinguirse, en una enumeración no exhaustiva, entre derecha e izquierda, conservadores y progresistas, o nacionalistas y liberales. En política tributaria hay en la actualidad dos grandes tendencias: por una parte, los que consideran a los tributos el costo necesario de vivir en un país civilizado, y los que los ven como una imposición del Estado sobre las personas. Unos tratarán de convencer a los contribuyentes para que paguen y otros de amedrentar a los evasores y morosos para que conozcan el costo de no cumplir con las imposiciones del fisco. Alberto Abad, director de la AFIP, y Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, encajan casi a la perfección con esos dos estereotipos. Y exhiben con orgullo los resultados efectivos de las políticas tributarias que aplican en sus jurisdicciones. ¿Es posible comparar las dos gestiones para determinar quién es más efectivo? Hay muchas dificultades para hacerlo, porque son funcionarios de diferentes órbitas de gobierno, partieron de situaciones levemente diferentes y no mantuvieron intactas las estructuras impositivas que heredaron.
Así y todo, es posible esbozar a trazos gruesos el resultado de las gestiones tributarias del período 2002-2005 en relación con la situación de 2001, pero sin considerar las variaciones en los impuestos al comercio exterior - que antes de la devaluación no existían - ni los aportes a la seguridad social.
En este primer examen, el resultado es el siguiente: a nivel nominal - sin considerar el poder de compra del dinero - Rentas logró recaudar en 2005 un 149,64% más que en 2001. La DGI se quedó un poquito atrás: 142,89%. En el primer trimestre de este año sin embargo, la tendencia es inversa: el recaudador nacional mejoró la percepción de tributos un 24,19%, y el bonaerense el 21,52%. Teniendo en cuenta que no es total de responsabilidad de Montoya la recaudación de 2002 y que en los últimos tres años la DGI mejoró su efectividad a tasas superiores a las de Rentas, lo más sensato sería, entonces, declarar un empate.