Impuesto provincial a la riqueza: cómo saber quien debe pagar

Hubo polémica, marchas y contramarchas, pero al final de ese camino la Provincia creó un nuevo impuesto que deberán pagar unos 130 mil contribuyentes. ¿Cómo saber quién está alcanzado por el nuevo tributo a la riqueza? Aunque Rentas recién empezó a trabajar en la reglamentación, el procedimiento básico sería el siguiente:
- En principio, presentar una declaración jurada ante el organismo recaudador. Allí deberán incluirse todos los bienes personales que tenga el contribuyente en cualquier lugar de la provincia o del exterior, incluidos los intangibles o los no registrados como: hipotecas a favor, derechos de propiedad intelectual, acciones, títulos, valores, mobiliario del hogar y cualquier otro bien al que se pueda poner precio. Se deberán considerar los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes, y siempre Rentas tendrá la posibilidad de objetarlas en algún punto.
Estas declaraciones juradas servirán en principio para determinar si los contribuyentes del Inmobiliario urbano edificado o baldío y del impuesto a los automotores y las embarcaciones deportivas deberán pagar las alícuotas adicionales establecida en el impuesto provincial a la riqueza. Eso no significa que tengan que pagar el impuesto por la tenencia de derechos de autor de un tema musical, por ejemplo. Sólo se pagará la nueva carga impositiva sobre autos, embarcaciones deportivas, terrenos baldíos, casas y departamentos ubicados en zonas urbanas.
Si el total de bienes está entre los 500 y los 700 mil pesos, la carga impositiva adicional sobre esos bienes gravados será de 0,25%. Si está entre los 700 mil y 1,2 millones, la alícuota sube al 0,5%, y por sobre ese límite alcanzará el 0,75%.
- Una vez convalidada o corregida la declaración jurada del contribuyente, Rentas emitirá boletas en las que incluirá la carga impositiva sobre las propiedades gravadas. El valor a partir del cual se calculará la alícuota será el de mercado, o la valuación fiscal más reciente. En el caso de los inmuebles, la base imponible será en la mayoría mucho más alta que la tomada para determinar el impuesto Inmobiliario, que usa en casi todos los casos los valor establecidos en 1996.
Detalles del proyecto
Un informe del oficialista Nicolás Dalesio, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, proporciona el siguiente ejemplo, que sirve para explicar dos sutilezas del proyecto:
Primero: un contribuyente posee un campo valuado en $ 450 mil, un rodado de $80 mil y una casa de 180 mil. Por tener $710 mil de patrimonio se encuadra en la categoría 2 (con alícuota del 0,50%), pero las cargas adicionales sólo se aplican sobre el rodado y la propiedad urbana.
Segundo: también hay que señalar que para aplicar el adicional sobre el Inmobiliario urbano debe considerarse el 100% de la valuación fiscal de 2005 o el valor de mercado con un límite del 30% por sobre el fiscal. Si la casa de 180 mil vale para el fisco $100 mil, entonces la alícuota deberá aplicarse sobre una base imponible de $130 mil ($ 100 mil +30%).
Actualización de las valuaciones
Como lo señala la Confederación de la Mediana Empresa en un comunicado emitido el jueves, en muchos casos los valores fiscales se multiplicaron por dos, tres o cuatro respecto de los vigentes en 1996. Los siguientes ejemplos fueron proporcionados por la entidad empresaria:
- Una propiedad en San Isidro que hasta fines de 2006 estaba valuada en $380 mil pasó a tener un valor fiscal de cuatro veces superior: 1 millón 520 mil pesos.
- Otra en Moreno, valuada en $150 mil, pasó a $480 mil, lo que significa un aumento del 220%.
- Una propiedad en Quilmes, valuada en $34 mil, pasó a tener un valor fiscal de $92 mil, con una suba de 171%.
Las subas de las valuaciones tendrá un efecto en la determinación de otro tributo: el de Bienes Personales, que cobra la AFIP en función de declaraciones juradas que los contribuyentes deben presentar una vez por año. La AFIP y Rentas utilizan además el mismo soporte informático, lo que permitirá a las dos administraciones tributarias verificar el contendido de las declaraciones realiza}das en el otro organismo. Con la suba del valor de las propiedades, habrá miles de contribuyentes de la Provincia que deberán pagar más en varias ventanillas.

Felipe Solá, cada vez más dependiente de Rentas y menos de la AFIP

Veinte años atrás, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la gobernación de Alejandro Armendáriz, Buenos Aires cedió recursos coparticipables a otras provincias. Quince años atrás, en la primera gestión de Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, recuperó parte de ese dinero a través del Fondo del Conurbano, que administró el gobernador Eduardo Duhalde. Luego, esa masa de recursos fue licuada por su congelamiento y la devaluación del peso. Y durante la segunda gestión de Cavallo, el segundo gobierno de Carlos Menem y la administración de Fernando de la Rúa, el proceso se agravó por la retención de fondos provinciales por parte del Gobierno nacional. Por esa pérdida relativa de recursos a mediados de 2006 Buenos Aires ingresó, en plena bonanza económica de la Nación, en un sendero de déficit y endeudamiento que daría lugar a la renuncia del ex ministro de Economía Gerardo Otero. Pero este proceso dio lugar a otro fenómeno que el gobierno de Felipe Solá no deja de tener en cuenta: cada vez es más importante lo que haga la dirección de Rentas para recaudar más y, en comparación, resulta menos trascendente lo que haga la AFIP. Revisando la evolución de los ingresos de la Provincia entre 1991 y 2005, de acuerdo con información suministrada por la Contaduría General de la Provincia, puede observarse que en 1991, los recursos nacionales significaban el 48,18% de los ingresos totales de la Provincia (no sólo los tributarios), y los recursos aportados por Rentas equivalían al 46,19% de los ingresos totales. La coparticipación federal era casi el único ingreso de jurisdicción nacional, y la recaudación propia un complemento de la que aportaba la DGI. Veinticuatro años después, el dinero enviado por la Nación pasó a representar el 40,75% de la pauta presupuestaria, y el recaudado por la Dirección de Rentas el 43,95%. Además, casi un tercio del dinero que llegó desde Nación estuvo incluido en diferentes fondos especiales, muchos de los cuales dependen más de la buena sintonía de las dos administraciones que del seguimiento de indicadores objetivos que determinen cuánto debería llegar desde la Nación a Buenos Aires. La coparticipación llegó apenas al 27,6% de los ingresos totales, cuando en 1991 significaban el 42,13%. El propio Solá, en el mensaje del Presupuesto 2007, estimó que la provincia que gobierna -que genera el 34% del PBI y tiene el 38% de la población- recibirá este año sólo el 20,7% de los ingresos coparticipables, menos aun que en 2006, cuando llegó a 21,2%. Si a eso se suma que de la bolsa de fondos coparticipables la Nación retira dinero para destinarlo a la Anses, la AFIP y atender diferentes emergencias sociales, entonces queda claro porqué la situación de la Provincia es difícil y porqué ha intentado captar fondos adicionales a través de mecanismos tan disímiles como el juego, el aumento del inmobiliario rural y ahora la creación de un nuevo tributo que actuará como alícuota adicional sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario Urbano.

Impuesto provincial a la riqueza: estimarán bienes de los contribuyentes por consumos con tarjetas del exterior

Los contribuyentes provinciales deberán realizar una declaración jurada de bienes una vez al año: allí deberán estar incluidos todos los bienes tangibles e intangibles que posean en el país y en el exterior. Y aunque el impuesto provincial a la riqueza sólo se cobrará sobre las propiedades urbanas - edificadas y baldías - y el impuesto automotor, para determinar si los están alcanzados por el tributo deberán sumar todos sus bienes, incluso los objetos de arte, el mobiliario y los depósitos o las acciones, a valor actual.
Para estimar el patrimonio personal de los contribuyentes será de vital importancia contar con sus declaraciones juradas. Y si los potenciales contribuyentes de ese tributo no presentaran su declaración, el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, podría sacar varios ases de su manga. Uno de ellos le permitirá estimar los bienes que los contribuyentes posean en el exterior a partir de los consumos realizados en el país con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros.
El mecanismo, poco ortodoxo, será el siguiente:
- Rentas presumirá - como indica el proyecto aprobado en el Senado -que quienes sean titulares de tarjetas de crédito emitidas en el exterior tienen fuera del país bienes o depósitos que les permiten realizar compras.
- Por cada peso gastado en el país con esas tarjetas, se presumirá una renta de dos pesos.
- La rentabilidad sobre las cuentas o propiedades en el exterior se calculará de acuerdo a la tasa libor, a que hoy se ubica entre el 5,32 y el 5,42% anual.
- Aplicando esa fórmula, si Rentas detecta consumos de tarjetas de créditos emitidas por entidades del exterior por 10 mil pesos, presumirá la existencia de una renta de 20 mil pesos, resultado de la tenencia de bienes por 370 mil.
Como las alícuotas adicionales sobre el Inmobiliario Urbano y el Automotor se aplicarán según el valor total de los bienes personales del contribuyente, si el propietario del ejemplo anterior tuviera además en la provincia una casa de 400 mil pesos y un vehículo de 30 mil, entonces estaría incluido en la categoría dos, que prevé una alícuota del 0,5% a aplicarse sobre esa casa y ese vehículo.
"Nosotros tenemos la maquinaria de inteligencia fiscal más grande del país disponible para cobrar este impuesto, y vamos a estar en condiciones de presentarle al contribuyente aquello que sabemos de él para que no se olviden de declarar nada que nosotros ya conocemos que tiene", adelantó Montoya. "Yo tengo fe - dijo a Hoy -que el aparato fiscal de la provincia de Buenos Aires puede administrar el tributo correctamente. Por supuesto que al impuesto hay que estabilizarlo. Nadie lo implanta. Es como presentar un producto nuevo: siempre hay un período de instalación del producto, en este caso del impuesto, pero yo creo que muy rápido pomos recordarles que tienen que declarar bienes, que los tienen y que no se olviden".

Impuesto provincial a la riqueza: suben las valuaciones para recaudar más

Los inmuebles urbanos pagarán en función de los valores determinados en 2005. El Inmobiliario, en cambio, se cobrará de acuerdo a los precios de una década atrás. Para los automotores no habrá cambios. Los que no residan en la Provincia igual tendrán que presentar declaraciones juradas
En la segunda mitad de este año, algunos propietarios de inmuebles urbanos y de automotores tendrán que pagar dos impuestos por cada uno de esos bienes: - Por una parte, el inmobiliario urbano baldío y edificado y el impuesto automotor. - Por otro lado, el impuesto provincial a la riqueza, que gravará a esos mismos objetos de uso con una alícuota adicional de entre el 0,25 y el 0,75%. Todos los propietarios de inmuebles y automotores son contribuyentes de los impuestos de siempre. Y para determinar si además les corresponde abonar el nuevo impuesto, que ayer recibió una “media sanción” del Senado bonaerense, deberán presentar ante la dirección de Rentas una declaración jurada de bienes. Si de esa declaración se deduce que el total de sus propiedades -y no sólo los autos, casa y terrenos- suma más de 500 mil pesos, tendrán que pagar además el impuesto provincial a la riqueza. El adicional sobre el inmobiliario urbano y la patente será del 0,25% cuando el total de propiedades -y no sólo ese bien- sume entre 500 y 700 mil pesos. La alícuota subirá a 0,50% cuando el conjunto sume hasta 1,2 millones, y a 0,75% cuando supere esa cifra. Un detalle a tener muy en cuenta es que para determinar el valor total del conjunto de bienes, así como la base imponible del impuesto a la riqueza, se utilizarán los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes. Esto es muy relevante en el caso de los inmuebles, ya que el Inmobiliario se paga de acuerdo a las valuaciones fiscales de 1996 y el nuevo impuesto se determinará en función de los valores establecidos en 2005, que salvo casos excepcionales triplican los de 1996. “Fue un pedido del ministerio de Economía”, aclaró el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Díaz. Si se toma el valor de mercado, no podrá superar en más de un 30% el asignado por el Estado en 2005. El cambio en las valuaciones permitirá a la vez incluir a más propietarios como contribuyentes del nuevo impuesto -en total, unos 120 mil- y además ayudaría a recaudar más. En el caso de los automóviles, las valuaciones se actualizan todos los años en función de lo que pagan las aseguradoras, lo que implica que allí la base imponible será igual para los dos tributos. Otro cambio que permitirá incluir a más propietarios en el universo de contribuyentes “ricos” es que los propietarios residentes en cualquier provincia o en el exterior, deberán presentar su declaración jurada de bienes aunque tengan en la Provincia sólo un terreno o un auto. Si el total supera los 500 mil pesos, entonces tendrán que pagar las alícuotas adicionales por las propiedades inmuebles urbanas o los automotores. El único cambio que atenúa el sentido recaudatorio del proyecto se refiere a la posibilidad de reducir el tributo hasta en un 50% a los asalariados que no sean morosos del impuesto a las Ganancias. El proyecto fue apoyado por los integrantes de las bancadas del PJ y el FpV y contó con la oposición de cinco integrantes del bloque radical: el senador Diego Rodrigo advirtió que el nuevo tributo podría poner freno a las inversiones extranjeras. Justamente un cambio que apunta a mejorar los ingresos de la Provincia se refiere a la distribución de los 300 millones de pesos que, en el mejor de los casos, podría reportar este nuevo tributo: no serán repartidos a medidas con los municipios sino que irán a las arcas del Estado provincial y de allí una parte irá a las administraciones comunales como coparticipación provincial. Muchos intendentes del partido de Rodrigo pondrán el grito en el cielo, pero el expediente aún debe pasar por Diputados.

Desafíos del nuevo ministro

Carlos Fernández, un especialista en finanzas públicas ligado al gobierno nacional, reemplazará a Gerardo Otero al frente del ministerio de Economía bonaerense. Cuando desembarque en el despacho principal del Palacio de Hacienda, el sucesor de Otero no encontrará un panorama muy alentador: este año el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado provincial será altísimo: el presupuesto prevé un déficit fiscal de 1600 millones de pesos, pero el responsable de la cartera económica deberá conseguir otros 2.855 millones para cubrir vencimientos de capital de la deuda provincial, que en diciembre pasado alcanzaba los 33.327 mil millones de pesos. De los 4.455 millones necesarios para atender todas estas demandas, una parte será solventada con bonos que serían colocados en el mercado internacional, pero el grueso debería ser cubierto con préstamos del gobierno de Néstor Kirchner, a través del Programa de Asistencia Financiera.
Además, el agujero fiscal podría agigantarse por el incremento concedido a los docentes, los aumentos que recibirán los otros empleados de la administración pública y por las dificultades para conseguir nuevos ingresos.
El año pasado, el gobierno tuvo que modificar el revalúo de las propiedades rurales frente a las protestas del sector, y este año la creación de un impuesto a los Activos Financieros y la imposición de sobrealícuotas al Automotor y al Inmobiliario quedaron demorados por diferencias políticas con la Nación. Tampoco pudo aplicarse, salvo en casos excepcionales, el revalúo a las propiedades urbanas. Y ni hablar de cambios en la distribución de impuestos nacionales para beneficiar a la Provincia.
"Nosotros hacemos malabares para tratar de recaudar 300 millones para achicar el déficit y la Nación anuncia un aumento par los docentes que a nosotros nos cuesta varias veces más", sintetizó un allegado a Solá.
Desde la gobernación descuentan que los 1.100 millones que costaría el aumento docente se cubrirían en buena medida con 370 millones que enviaría la Nación (70 millones más que los anunciados) y los 600 millones previstos para incrementos salariales. Harían falta por lo tanto 130 millones adicionales y lo que sea necesrio para pagar un incremento salarial a los 180 mil trabajadores del Estado no incluidos en la paritaria docente. Todo siempre y cuando no surgieran otras demandas salariales insatisfechas y no se cayera la recaudación.