Desafíos del nuevo ministro

Carlos Fernández, un especialista en finanzas públicas ligado al gobierno nacional, reemplazará a Gerardo Otero al frente del ministerio de Economía bonaerense. Cuando desembarque en el despacho principal del Palacio de Hacienda, el sucesor de Otero no encontrará un panorama muy alentador: este año el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado provincial será altísimo: el presupuesto prevé un déficit fiscal de 1600 millones de pesos, pero el responsable de la cartera económica deberá conseguir otros 2.855 millones para cubrir vencimientos de capital de la deuda provincial, que en diciembre pasado alcanzaba los 33.327 mil millones de pesos. De los 4.455 millones necesarios para atender todas estas demandas, una parte será solventada con bonos que serían colocados en el mercado internacional, pero el grueso debería ser cubierto con préstamos del gobierno de Néstor Kirchner, a través del Programa de Asistencia Financiera.
Además, el agujero fiscal podría agigantarse por el incremento concedido a los docentes, los aumentos que recibirán los otros empleados de la administración pública y por las dificultades para conseguir nuevos ingresos.
El año pasado, el gobierno tuvo que modificar el revalúo de las propiedades rurales frente a las protestas del sector, y este año la creación de un impuesto a los Activos Financieros y la imposición de sobrealícuotas al Automotor y al Inmobiliario quedaron demorados por diferencias políticas con la Nación. Tampoco pudo aplicarse, salvo en casos excepcionales, el revalúo a las propiedades urbanas. Y ni hablar de cambios en la distribución de impuestos nacionales para beneficiar a la Provincia.
"Nosotros hacemos malabares para tratar de recaudar 300 millones para achicar el déficit y la Nación anuncia un aumento par los docentes que a nosotros nos cuesta varias veces más", sintetizó un allegado a Solá.
Desde la gobernación descuentan que los 1.100 millones que costaría el aumento docente se cubrirían en buena medida con 370 millones que enviaría la Nación (70 millones más que los anunciados) y los 600 millones previstos para incrementos salariales. Harían falta por lo tanto 130 millones adicionales y lo que sea necesrio para pagar un incremento salarial a los 180 mil trabajadores del Estado no incluidos en la paritaria docente. Todo siempre y cuando no surgieran otras demandas salariales insatisfechas y no se cayera la recaudación.