La educación es un articulador social: incluye a los niños, adolescentes y adultos en la sociedad, y facilita la socialización y el acceso al mundo del trabajo. Muchos problemas sociales pueden ser resueltos con ayuda de la educación, pero para acceder a ella hace falta mucho más que buenas intenciones: los niños, adolescentes y adultos que concurren a las escuelas tienen otras necesidades más básicas aún: necesitan comer bien, dormir en una vivienda confortable, estar saludables. De otra forma, el rendimiento escolar será deficiente.
Pensemos sólo en la alimentación: "Cuando hay pocos recursos económicos, los alimentos básicos consisten en pan o amasados caseros realizados con harina común refinada, aceite, azúcar, sal, arroz y fideos. Prácticamente no hay consumo de frutas y verduras, y no se llega a un mínimo de carne o alimentos sustitutos y mucho menos de lácteos u otras fuentes de calcio", dice la nutricionista Marcela de la Plaza. El diagnóstico se desprende de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Los niños que se alimentan de esa manera tienen una dieta pobre en vitaminas y minerales.
¿Cómo repercute en las aulas esta forma de alimentarse típica de las familias pobres? "Problemas de atención, irritabilidad o apatía, que se interpretan erróneamente como emocionales, pueden deberse a esta falta de micronutrientes debido a una alimentación crónicamente incorrecta", observa la especialista.
Es decir, la mala alimentación, como los problemas de salud o vivienda, repercuten de forma directa en la educación. No hay que caer, por eso, en el error de creer que la educación resuelve todos los problemas porque, como se ve, no resuelve muchas cuestiones previas.
Sabemos que todas estas necesidades se pueden resolver de forma parcial con comedores, salitas de salud, roperos comunitarios o con la entrega de bolsones de comida, chapas, colchones o medicamentos por parte de los gobiernos. Pero hay una manera de ayudar a resolver todos esos problemas de una vez: con la Asignación Universal por hijo.
¿De qué se trata esta idea? Los trabajadores en blanco, de sueldos bajos o medios, reciben, junto con sus sueldos, asignaciones familiares para ayudar a la crianza de sus chicos. Los desocupados y los empleados en negros no. La idea de conceder una asignación universal implica que todos los padres de todos niños y adolescentes de hasta 19 años cobrarían una asignación por hijo, en lo posible equivalente a los 60 pesos que, en promedio, perciben los trabajadores registrados.
No es poco dinero el necesario para tomar una decisión de ese tipo: hay 13,8 millones de niños y adolescentes en Argentina, de los cuales 4,8 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Sólo un 30% de ellos tiene padres con empleo en blanco en condiciones de cobrar la Asignación Familiar contributiva que paga la ANSeS.
Del otro 70%, un pequeño grupo de profesionales, empresarios y monotributistas cuenta con ingresos suficientes para asegurar la crianza de sus hijos. Los demás viven de empleos en negro, planes sociales, changas, ayuda de familiares y amigos: ellos necesitan insertarse a la economía formal para cobrar la asignación contributiva.
Pero para cubrir ese trayecto que va de la economía informal de subsistencia a la inserción en el mundo formal del trabajo será necesaria una estrategia nacional que incluya la reindustrialización del país, la reconstrucción del tejido productivo y planes de reinserción laboral como el Seguro de Capacitación y Empleo.
¿Y mientras tanto, qué? Para eso están los planes asistenciales, como el Familias o el Jefas y Jefes de Hogar, que sin embargo no cubren todo el universo de grupos familiares no insertos en la economía formal. Superar esa etapa requeriría la creación de un Seguro de Niñez, una Asignación Universal o un Plan Familias abierto a todos los padres o madres fuera del mercado de trabajo.
No hay que ser ingenuos: el costo sería muy alto, ya que entregar 60 pesos a los padres y madres de 10 millones de chicos de todo el país sería, en comparación, más caro que mantener todos el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, incluido el pago de sueldos, becas, subsidios y mantenimiento edilicio. Adoptar una medida de este tipo requeriría, por eso, un acuerdo de la Nación con las provincias, y haría falta traspasar recursos de otros planes sociales al seguro, y requeriría un incremento de impuestos a los que pueden pagar más para el sostenimiento del Estado.
Se trata de una tarea difícil, que requiere de un compromiso fuerte de los gobernantes, pero el premio de semejante esfuerzo es muy atractivo: millones de niños mejorarían su inserción al mundo del consumo de alimentos; sus padres podrían adquirir remedios cuando los chicos estén enfermos; podrían vestirlos mejor para que vayan a la escuela, pagarles el micro; comprarles libros; llevarlos a pasear. Podrían comer juntos, en familia, en el comedor de sus casas. Sería una forma de incluirlos en una sociedad que los margina.
Pensemos sólo en la alimentación: "Cuando hay pocos recursos económicos, los alimentos básicos consisten en pan o amasados caseros realizados con harina común refinada, aceite, azúcar, sal, arroz y fideos. Prácticamente no hay consumo de frutas y verduras, y no se llega a un mínimo de carne o alimentos sustitutos y mucho menos de lácteos u otras fuentes de calcio", dice la nutricionista Marcela de la Plaza. El diagnóstico se desprende de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Los niños que se alimentan de esa manera tienen una dieta pobre en vitaminas y minerales.
¿Cómo repercute en las aulas esta forma de alimentarse típica de las familias pobres? "Problemas de atención, irritabilidad o apatía, que se interpretan erróneamente como emocionales, pueden deberse a esta falta de micronutrientes debido a una alimentación crónicamente incorrecta", observa la especialista.
Es decir, la mala alimentación, como los problemas de salud o vivienda, repercuten de forma directa en la educación. No hay que caer, por eso, en el error de creer que la educación resuelve todos los problemas porque, como se ve, no resuelve muchas cuestiones previas.
Sabemos que todas estas necesidades se pueden resolver de forma parcial con comedores, salitas de salud, roperos comunitarios o con la entrega de bolsones de comida, chapas, colchones o medicamentos por parte de los gobiernos. Pero hay una manera de ayudar a resolver todos esos problemas de una vez: con la Asignación Universal por hijo.
¿De qué se trata esta idea? Los trabajadores en blanco, de sueldos bajos o medios, reciben, junto con sus sueldos, asignaciones familiares para ayudar a la crianza de sus chicos. Los desocupados y los empleados en negros no. La idea de conceder una asignación universal implica que todos los padres de todos niños y adolescentes de hasta 19 años cobrarían una asignación por hijo, en lo posible equivalente a los 60 pesos que, en promedio, perciben los trabajadores registrados.
No es poco dinero el necesario para tomar una decisión de ese tipo: hay 13,8 millones de niños y adolescentes en Argentina, de los cuales 4,8 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Sólo un 30% de ellos tiene padres con empleo en blanco en condiciones de cobrar la Asignación Familiar contributiva que paga la ANSeS.
Del otro 70%, un pequeño grupo de profesionales, empresarios y monotributistas cuenta con ingresos suficientes para asegurar la crianza de sus hijos. Los demás viven de empleos en negro, planes sociales, changas, ayuda de familiares y amigos: ellos necesitan insertarse a la economía formal para cobrar la asignación contributiva.
Pero para cubrir ese trayecto que va de la economía informal de subsistencia a la inserción en el mundo formal del trabajo será necesaria una estrategia nacional que incluya la reindustrialización del país, la reconstrucción del tejido productivo y planes de reinserción laboral como el Seguro de Capacitación y Empleo.
¿Y mientras tanto, qué? Para eso están los planes asistenciales, como el Familias o el Jefas y Jefes de Hogar, que sin embargo no cubren todo el universo de grupos familiares no insertos en la economía formal. Superar esa etapa requeriría la creación de un Seguro de Niñez, una Asignación Universal o un Plan Familias abierto a todos los padres o madres fuera del mercado de trabajo.
No hay que ser ingenuos: el costo sería muy alto, ya que entregar 60 pesos a los padres y madres de 10 millones de chicos de todo el país sería, en comparación, más caro que mantener todos el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, incluido el pago de sueldos, becas, subsidios y mantenimiento edilicio. Adoptar una medida de este tipo requeriría, por eso, un acuerdo de la Nación con las provincias, y haría falta traspasar recursos de otros planes sociales al seguro, y requeriría un incremento de impuestos a los que pueden pagar más para el sostenimiento del Estado.
Se trata de una tarea difícil, que requiere de un compromiso fuerte de los gobernantes, pero el premio de semejante esfuerzo es muy atractivo: millones de niños mejorarían su inserción al mundo del consumo de alimentos; sus padres podrían adquirir remedios cuando los chicos estén enfermos; podrían vestirlos mejor para que vayan a la escuela, pagarles el micro; comprarles libros; llevarlos a pasear. Podrían comer juntos, en familia, en el comedor de sus casas. Sería una forma de incluirlos en una sociedad que los margina.
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