Impuesto provincial a la riqueza: cómo saber quien debe pagar

Hubo polémica, marchas y contramarchas, pero al final de ese camino la Provincia creó un nuevo impuesto que deberán pagar unos 130 mil contribuyentes. ¿Cómo saber quién está alcanzado por el nuevo tributo a la riqueza? Aunque Rentas recién empezó a trabajar en la reglamentación, el procedimiento básico sería el siguiente:
- En principio, presentar una declaración jurada ante el organismo recaudador. Allí deberán incluirse todos los bienes personales que tenga el contribuyente en cualquier lugar de la provincia o del exterior, incluidos los intangibles o los no registrados como: hipotecas a favor, derechos de propiedad intelectual, acciones, títulos, valores, mobiliario del hogar y cualquier otro bien al que se pueda poner precio. Se deberán considerar los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes, y siempre Rentas tendrá la posibilidad de objetarlas en algún punto.
Estas declaraciones juradas servirán en principio para determinar si los contribuyentes del Inmobiliario urbano edificado o baldío y del impuesto a los automotores y las embarcaciones deportivas deberán pagar las alícuotas adicionales establecida en el impuesto provincial a la riqueza. Eso no significa que tengan que pagar el impuesto por la tenencia de derechos de autor de un tema musical, por ejemplo. Sólo se pagará la nueva carga impositiva sobre autos, embarcaciones deportivas, terrenos baldíos, casas y departamentos ubicados en zonas urbanas.
Si el total de bienes está entre los 500 y los 700 mil pesos, la carga impositiva adicional sobre esos bienes gravados será de 0,25%. Si está entre los 700 mil y 1,2 millones, la alícuota sube al 0,5%, y por sobre ese límite alcanzará el 0,75%.
- Una vez convalidada o corregida la declaración jurada del contribuyente, Rentas emitirá boletas en las que incluirá la carga impositiva sobre las propiedades gravadas. El valor a partir del cual se calculará la alícuota será el de mercado, o la valuación fiscal más reciente. En el caso de los inmuebles, la base imponible será en la mayoría mucho más alta que la tomada para determinar el impuesto Inmobiliario, que usa en casi todos los casos los valor establecidos en 1996.
Detalles del proyecto
Un informe del oficialista Nicolás Dalesio, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, proporciona el siguiente ejemplo, que sirve para explicar dos sutilezas del proyecto:
Primero: un contribuyente posee un campo valuado en $ 450 mil, un rodado de $80 mil y una casa de 180 mil. Por tener $710 mil de patrimonio se encuadra en la categoría 2 (con alícuota del 0,50%), pero las cargas adicionales sólo se aplican sobre el rodado y la propiedad urbana.
Segundo: también hay que señalar que para aplicar el adicional sobre el Inmobiliario urbano debe considerarse el 100% de la valuación fiscal de 2005 o el valor de mercado con un límite del 30% por sobre el fiscal. Si la casa de 180 mil vale para el fisco $100 mil, entonces la alícuota deberá aplicarse sobre una base imponible de $130 mil ($ 100 mil +30%).
Actualización de las valuaciones
Como lo señala la Confederación de la Mediana Empresa en un comunicado emitido el jueves, en muchos casos los valores fiscales se multiplicaron por dos, tres o cuatro respecto de los vigentes en 1996. Los siguientes ejemplos fueron proporcionados por la entidad empresaria:
- Una propiedad en San Isidro que hasta fines de 2006 estaba valuada en $380 mil pasó a tener un valor fiscal de cuatro veces superior: 1 millón 520 mil pesos.
- Otra en Moreno, valuada en $150 mil, pasó a $480 mil, lo que significa un aumento del 220%.
- Una propiedad en Quilmes, valuada en $34 mil, pasó a tener un valor fiscal de $92 mil, con una suba de 171%.
Las subas de las valuaciones tendrá un efecto en la determinación de otro tributo: el de Bienes Personales, que cobra la AFIP en función de declaraciones juradas que los contribuyentes deben presentar una vez por año. La AFIP y Rentas utilizan además el mismo soporte informático, lo que permitirá a las dos administraciones tributarias verificar el contendido de las declaraciones realiza}das en el otro organismo. Con la suba del valor de las propiedades, habrá miles de contribuyentes de la Provincia que deberán pagar más en varias ventanillas.

Felipe Solá, cada vez más dependiente de Rentas y menos de la AFIP

Veinte años atrás, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la gobernación de Alejandro Armendáriz, Buenos Aires cedió recursos coparticipables a otras provincias. Quince años atrás, en la primera gestión de Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, recuperó parte de ese dinero a través del Fondo del Conurbano, que administró el gobernador Eduardo Duhalde. Luego, esa masa de recursos fue licuada por su congelamiento y la devaluación del peso. Y durante la segunda gestión de Cavallo, el segundo gobierno de Carlos Menem y la administración de Fernando de la Rúa, el proceso se agravó por la retención de fondos provinciales por parte del Gobierno nacional. Por esa pérdida relativa de recursos a mediados de 2006 Buenos Aires ingresó, en plena bonanza económica de la Nación, en un sendero de déficit y endeudamiento que daría lugar a la renuncia del ex ministro de Economía Gerardo Otero. Pero este proceso dio lugar a otro fenómeno que el gobierno de Felipe Solá no deja de tener en cuenta: cada vez es más importante lo que haga la dirección de Rentas para recaudar más y, en comparación, resulta menos trascendente lo que haga la AFIP. Revisando la evolución de los ingresos de la Provincia entre 1991 y 2005, de acuerdo con información suministrada por la Contaduría General de la Provincia, puede observarse que en 1991, los recursos nacionales significaban el 48,18% de los ingresos totales de la Provincia (no sólo los tributarios), y los recursos aportados por Rentas equivalían al 46,19% de los ingresos totales. La coparticipación federal era casi el único ingreso de jurisdicción nacional, y la recaudación propia un complemento de la que aportaba la DGI. Veinticuatro años después, el dinero enviado por la Nación pasó a representar el 40,75% de la pauta presupuestaria, y el recaudado por la Dirección de Rentas el 43,95%. Además, casi un tercio del dinero que llegó desde Nación estuvo incluido en diferentes fondos especiales, muchos de los cuales dependen más de la buena sintonía de las dos administraciones que del seguimiento de indicadores objetivos que determinen cuánto debería llegar desde la Nación a Buenos Aires. La coparticipación llegó apenas al 27,6% de los ingresos totales, cuando en 1991 significaban el 42,13%. El propio Solá, en el mensaje del Presupuesto 2007, estimó que la provincia que gobierna -que genera el 34% del PBI y tiene el 38% de la población- recibirá este año sólo el 20,7% de los ingresos coparticipables, menos aun que en 2006, cuando llegó a 21,2%. Si a eso se suma que de la bolsa de fondos coparticipables la Nación retira dinero para destinarlo a la Anses, la AFIP y atender diferentes emergencias sociales, entonces queda claro porqué la situación de la Provincia es difícil y porqué ha intentado captar fondos adicionales a través de mecanismos tan disímiles como el juego, el aumento del inmobiliario rural y ahora la creación de un nuevo tributo que actuará como alícuota adicional sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario Urbano.

Impuesto provincial a la riqueza: estimarán bienes de los contribuyentes por consumos con tarjetas del exterior

Los contribuyentes provinciales deberán realizar una declaración jurada de bienes una vez al año: allí deberán estar incluidos todos los bienes tangibles e intangibles que posean en el país y en el exterior. Y aunque el impuesto provincial a la riqueza sólo se cobrará sobre las propiedades urbanas - edificadas y baldías - y el impuesto automotor, para determinar si los están alcanzados por el tributo deberán sumar todos sus bienes, incluso los objetos de arte, el mobiliario y los depósitos o las acciones, a valor actual.
Para estimar el patrimonio personal de los contribuyentes será de vital importancia contar con sus declaraciones juradas. Y si los potenciales contribuyentes de ese tributo no presentaran su declaración, el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, podría sacar varios ases de su manga. Uno de ellos le permitirá estimar los bienes que los contribuyentes posean en el exterior a partir de los consumos realizados en el país con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros.
El mecanismo, poco ortodoxo, será el siguiente:
- Rentas presumirá - como indica el proyecto aprobado en el Senado -que quienes sean titulares de tarjetas de crédito emitidas en el exterior tienen fuera del país bienes o depósitos que les permiten realizar compras.
- Por cada peso gastado en el país con esas tarjetas, se presumirá una renta de dos pesos.
- La rentabilidad sobre las cuentas o propiedades en el exterior se calculará de acuerdo a la tasa libor, a que hoy se ubica entre el 5,32 y el 5,42% anual.
- Aplicando esa fórmula, si Rentas detecta consumos de tarjetas de créditos emitidas por entidades del exterior por 10 mil pesos, presumirá la existencia de una renta de 20 mil pesos, resultado de la tenencia de bienes por 370 mil.
Como las alícuotas adicionales sobre el Inmobiliario Urbano y el Automotor se aplicarán según el valor total de los bienes personales del contribuyente, si el propietario del ejemplo anterior tuviera además en la provincia una casa de 400 mil pesos y un vehículo de 30 mil, entonces estaría incluido en la categoría dos, que prevé una alícuota del 0,5% a aplicarse sobre esa casa y ese vehículo.
"Nosotros tenemos la maquinaria de inteligencia fiscal más grande del país disponible para cobrar este impuesto, y vamos a estar en condiciones de presentarle al contribuyente aquello que sabemos de él para que no se olviden de declarar nada que nosotros ya conocemos que tiene", adelantó Montoya. "Yo tengo fe - dijo a Hoy -que el aparato fiscal de la provincia de Buenos Aires puede administrar el tributo correctamente. Por supuesto que al impuesto hay que estabilizarlo. Nadie lo implanta. Es como presentar un producto nuevo: siempre hay un período de instalación del producto, en este caso del impuesto, pero yo creo que muy rápido pomos recordarles que tienen que declarar bienes, que los tienen y que no se olviden".

Impuesto provincial a la riqueza: suben las valuaciones para recaudar más

Los inmuebles urbanos pagarán en función de los valores determinados en 2005. El Inmobiliario, en cambio, se cobrará de acuerdo a los precios de una década atrás. Para los automotores no habrá cambios. Los que no residan en la Provincia igual tendrán que presentar declaraciones juradas
En la segunda mitad de este año, algunos propietarios de inmuebles urbanos y de automotores tendrán que pagar dos impuestos por cada uno de esos bienes: - Por una parte, el inmobiliario urbano baldío y edificado y el impuesto automotor. - Por otro lado, el impuesto provincial a la riqueza, que gravará a esos mismos objetos de uso con una alícuota adicional de entre el 0,25 y el 0,75%. Todos los propietarios de inmuebles y automotores son contribuyentes de los impuestos de siempre. Y para determinar si además les corresponde abonar el nuevo impuesto, que ayer recibió una “media sanción” del Senado bonaerense, deberán presentar ante la dirección de Rentas una declaración jurada de bienes. Si de esa declaración se deduce que el total de sus propiedades -y no sólo los autos, casa y terrenos- suma más de 500 mil pesos, tendrán que pagar además el impuesto provincial a la riqueza. El adicional sobre el inmobiliario urbano y la patente será del 0,25% cuando el total de propiedades -y no sólo ese bien- sume entre 500 y 700 mil pesos. La alícuota subirá a 0,50% cuando el conjunto sume hasta 1,2 millones, y a 0,75% cuando supere esa cifra. Un detalle a tener muy en cuenta es que para determinar el valor total del conjunto de bienes, así como la base imponible del impuesto a la riqueza, se utilizarán los valores de mercado o las valuaciones fiscales más recientes. Esto es muy relevante en el caso de los inmuebles, ya que el Inmobiliario se paga de acuerdo a las valuaciones fiscales de 1996 y el nuevo impuesto se determinará en función de los valores establecidos en 2005, que salvo casos excepcionales triplican los de 1996. “Fue un pedido del ministerio de Economía”, aclaró el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Díaz. Si se toma el valor de mercado, no podrá superar en más de un 30% el asignado por el Estado en 2005. El cambio en las valuaciones permitirá a la vez incluir a más propietarios como contribuyentes del nuevo impuesto -en total, unos 120 mil- y además ayudaría a recaudar más. En el caso de los automóviles, las valuaciones se actualizan todos los años en función de lo que pagan las aseguradoras, lo que implica que allí la base imponible será igual para los dos tributos. Otro cambio que permitirá incluir a más propietarios en el universo de contribuyentes “ricos” es que los propietarios residentes en cualquier provincia o en el exterior, deberán presentar su declaración jurada de bienes aunque tengan en la Provincia sólo un terreno o un auto. Si el total supera los 500 mil pesos, entonces tendrán que pagar las alícuotas adicionales por las propiedades inmuebles urbanas o los automotores. El único cambio que atenúa el sentido recaudatorio del proyecto se refiere a la posibilidad de reducir el tributo hasta en un 50% a los asalariados que no sean morosos del impuesto a las Ganancias. El proyecto fue apoyado por los integrantes de las bancadas del PJ y el FpV y contó con la oposición de cinco integrantes del bloque radical: el senador Diego Rodrigo advirtió que el nuevo tributo podría poner freno a las inversiones extranjeras. Justamente un cambio que apunta a mejorar los ingresos de la Provincia se refiere a la distribución de los 300 millones de pesos que, en el mejor de los casos, podría reportar este nuevo tributo: no serán repartidos a medidas con los municipios sino que irán a las arcas del Estado provincial y de allí una parte irá a las administraciones comunales como coparticipación provincial. Muchos intendentes del partido de Rodrigo pondrán el grito en el cielo, pero el expediente aún debe pasar por Diputados.

Desafíos del nuevo ministro

Carlos Fernández, un especialista en finanzas públicas ligado al gobierno nacional, reemplazará a Gerardo Otero al frente del ministerio de Economía bonaerense. Cuando desembarque en el despacho principal del Palacio de Hacienda, el sucesor de Otero no encontrará un panorama muy alentador: este año el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado provincial será altísimo: el presupuesto prevé un déficit fiscal de 1600 millones de pesos, pero el responsable de la cartera económica deberá conseguir otros 2.855 millones para cubrir vencimientos de capital de la deuda provincial, que en diciembre pasado alcanzaba los 33.327 mil millones de pesos. De los 4.455 millones necesarios para atender todas estas demandas, una parte será solventada con bonos que serían colocados en el mercado internacional, pero el grueso debería ser cubierto con préstamos del gobierno de Néstor Kirchner, a través del Programa de Asistencia Financiera.
Además, el agujero fiscal podría agigantarse por el incremento concedido a los docentes, los aumentos que recibirán los otros empleados de la administración pública y por las dificultades para conseguir nuevos ingresos.
El año pasado, el gobierno tuvo que modificar el revalúo de las propiedades rurales frente a las protestas del sector, y este año la creación de un impuesto a los Activos Financieros y la imposición de sobrealícuotas al Automotor y al Inmobiliario quedaron demorados por diferencias políticas con la Nación. Tampoco pudo aplicarse, salvo en casos excepcionales, el revalúo a las propiedades urbanas. Y ni hablar de cambios en la distribución de impuestos nacionales para beneficiar a la Provincia.
"Nosotros hacemos malabares para tratar de recaudar 300 millones para achicar el déficit y la Nación anuncia un aumento par los docentes que a nosotros nos cuesta varias veces más", sintetizó un allegado a Solá.
Desde la gobernación descuentan que los 1.100 millones que costaría el aumento docente se cubrirían en buena medida con 370 millones que enviaría la Nación (70 millones más que los anunciados) y los 600 millones previstos para incrementos salariales. Harían falta por lo tanto 130 millones adicionales y lo que sea necesrio para pagar un incremento salarial a los 180 mil trabajadores del Estado no incluidos en la paritaria docente. Todo siempre y cuando no surgieran otras demandas salariales insatisfechas y no se cayera la recaudación.

Educación y Alimentación: hay que resolver varios problemas a la vez

La educación es un articulador social: incluye a los niños, adolescentes y adultos en la sociedad, y facilita la socialización y el acceso al mundo del trabajo. Muchos problemas sociales pueden ser resueltos con ayuda de la educación, pero para acceder a ella hace falta mucho más que buenas intenciones: los niños, adolescentes y adultos que concurren a las escuelas tienen otras necesidades más básicas aún: necesitan comer bien, dormir en una vivienda confortable, estar saludables. De otra forma, el rendimiento escolar será deficiente.
Pensemos sólo en la alimentación: "Cuando hay pocos recursos económicos, los alimentos básicos consisten en pan o amasados caseros realizados con harina común refinada, aceite, azúcar, sal, arroz y fideos. Prácticamente no hay consumo de frutas y verduras, y no se llega a un mínimo de carne o alimentos sustitutos y mucho menos de lácteos u otras fuentes de calcio", dice la nutricionista Marcela de la Plaza. El diagnóstico se desprende de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Los niños que se alimentan de esa manera tienen una dieta pobre en vitaminas y minerales.
¿Cómo repercute en las aulas esta forma de alimentarse típica de las familias pobres? "Problemas de atención, irritabilidad o apatía, que se interpretan erróneamente como emocionales, pueden deberse a esta falta de micronutrientes debido a una alimentación crónicamente incorrecta", observa la especialista.
Es decir, la mala alimentación, como los problemas de salud o vivienda, repercuten de forma directa en la educación. No hay que caer, por eso, en el error de creer que la educación resuelve todos los problemas porque, como se ve, no resuelve muchas cuestiones previas.
Sabemos que todas estas necesidades se pueden resolver de forma parcial con comedores, salitas de salud, roperos comunitarios o con la entrega de bolsones de comida, chapas, colchones o medicamentos por parte de los gobiernos. Pero hay una manera de ayudar a resolver todos esos problemas de una vez: con la Asignación Universal por hijo.
¿De qué se trata esta idea? Los trabajadores en blanco, de sueldos bajos o medios, reciben, junto con sus sueldos, asignaciones familiares para ayudar a la crianza de sus chicos. Los desocupados y los empleados en negros no. La idea de conceder una asignación universal implica que todos los padres de todos niños y adolescentes de hasta 19 años cobrarían una asignación por hijo, en lo posible equivalente a los 60 pesos que, en promedio, perciben los trabajadores registrados.
No es poco dinero el necesario para tomar una decisión de ese tipo: hay 13,8 millones de niños y adolescentes en Argentina, de los cuales 4,8 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Sólo un 30% de ellos tiene padres con empleo en blanco en condiciones de cobrar la Asignación Familiar contributiva que paga la ANSeS.
Del otro 70%, un pequeño grupo de profesionales, empresarios y monotributistas cuenta con ingresos suficientes para asegurar la crianza de sus hijos. Los demás viven de empleos en negro, planes sociales, changas, ayuda de familiares y amigos: ellos necesitan insertarse a la economía formal para cobrar la asignación contributiva.
Pero para cubrir ese trayecto que va de la economía informal de subsistencia a la inserción en el mundo formal del trabajo será necesaria una estrategia nacional que incluya la reindustrialización del país, la reconstrucción del tejido productivo y planes de reinserción laboral como el Seguro de Capacitación y Empleo.
¿Y mientras tanto, qué? Para eso están los planes asistenciales, como el Familias o el Jefas y Jefes de Hogar, que sin embargo no cubren todo el universo de grupos familiares no insertos en la economía formal. Superar esa etapa requeriría la creación de un Seguro de Niñez, una Asignación Universal o un Plan Familias abierto a todos los padres o madres fuera del mercado de trabajo.
No hay que ser ingenuos: el costo sería muy alto, ya que entregar 60 pesos a los padres y madres de 10 millones de chicos de todo el país sería, en comparación, más caro que mantener todos el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, incluido el pago de sueldos, becas, subsidios y mantenimiento edilicio. Adoptar una medida de este tipo requeriría, por eso, un acuerdo de la Nación con las provincias, y haría falta traspasar recursos de otros planes sociales al seguro, y requeriría un incremento de impuestos a los que pueden pagar más para el sostenimiento del Estado.
Se trata de una tarea difícil, que requiere de un compromiso fuerte de los gobernantes, pero el premio de semejante esfuerzo es muy atractivo: millones de niños mejorarían su inserción al mundo del consumo de alimentos; sus padres podrían adquirir remedios cuando los chicos estén enfermos; podrían vestirlos mejor para que vayan a la escuela, pagarles el micro; comprarles libros; llevarlos a pasear. Podrían comer juntos, en familia, en el comedor de sus casas. Sería una forma de incluirlos en una sociedad que los margina.

A no deslumbrarse por las cifras

La ciencia económica es sólo una herramienta para que el ser humano pueda comprender mejor algunos aspectos del mundo que lo rodea. La economía utiliza herramientas matemáticas para realizar sus análisis, y en particular las estadísticas para medir la dimensión y la evolución de algunos aspectos de la realidad. Pero no hay que abusar de las cifras ni pensar que lo que se vea a través de un puñado de datos refleja la totalidad de las cosas. Si no caeríamos en errores tales como creer que la situación fiscal de Argentina es mejor que la de Estados Unidos. Si no, puede verse el siguiente ejemplo, que incluye indicadores reales de 2006.
- Según cifras de la embajada y la reserva federal norteamericanas, la primera potencia mundial tiene una deuda pública de 8,5 billones de dólares. El endeudamiento equivale al 76,4% de su PBI; es decir, a más de 9 meses de trabajo de sus 300 millones de habitantes. Dicho de otra manera, cada estadounidense debe 28 mil dólares, más de las tres cuartas partes de la riqueza que genera en un año.
- Según el banco central y el ministerio de economía argentinos, la deuda pública de 130 mil millones de dólares equivale apenas al 68,3% del PBI, o al trabajo de algo más de ocho meses de todos sus habitantes. El endeudamiento equivale entonces a poco más de dos tercios de la riqueza generada en un año.
- Por otra parte, mientras Argentina tiene un superávit comercial de casi 10 mil millones de dólares, Estados Unidos posee un déficit de 849 mil millones. Y mientras Argentina acumula sucesivos excedentes fiscales, Estados Unidos incurre en déficit crónicos; es decir, el Estado norteamericano gasta mucho más de lo que recauda.
Los datos anterios pueden inducir a un error: a decir que el Estado argentino está en una mejor posición que el norteamericano sólo porque su endeudamiento es menor, o porque posee superávit fiscal y comercial, mientras que Estados Unidos tiene déficit.
Sin embargo, el economista, o el periodista, o el analista, debe poner dar a cada dato la dimensión que se merece, y colocarla en su justo contexto.
En el ejemplo anterior, algo que no está puesto de forma explícita y ayuda a entender porqué la situación fiscal argentina no supera la de Estados Unidos es el sistema monetario internacional en el que los dos países están insertos: Argentina debe adquirir los dólares que necesita para comprar productos importados, ahorrar y pagar parte de su deuda, mientras que Estados Unidos puede fabricarlos libremente (apenas con un costo operativo), comprar productos importados, pagar sus vencimientos de deuda y cubrir literalmente con papeles su creciente déficit.

China compra soja y Europa carne y Brasil automóviles

La provincia de Buenos Aires concentra el 35% de las exportaciones argentinas, y tiene un abanico de capacidades productivas que le permite generarar carnes congeladas y preparados vacunos; aceites y otros derivados de soja; automóviles, motores, neumáticos y autopartes. El 55% de las exportaciones de la Provincia lo constituyen las manufacturas de origen industrial, en especial autopartes y vehículos terminados, productos químicos, caños de metales comunes y plásticos.
El Mercosur absorbe el 41% de las exportaciones industriales y, dentro de ese grupo, más de las dos terceras partes de las ventas son a compradores de Brasil. El Nafta, un espacio comercial liderado por Estados Unidos, concentra sólo el 17% de las exportaciones bonaerenses, el resto de América (incluida Venezuela) el 22%; la Unión Europea el 6% y otros mercados el 14% restante.
El caso europeo es muy significativo en términos simbólicos, ya que ése es precisamente el principal mercado para manufacturas de origen agropecuario, en especial carnes congeladas pero también aceites, grasas, pieles, cueros e infinidad de productos que requieren un escaso eslabonamiento productivo. Los países de la Unión Europea concentran el 28% de las ventas de manufacturas de origen agropecuario, los del Mercosur el 19%, y los Asia y Asia del Pacífico 17% (aquí cobra importancia la venta de aceites y harinas de soja). Los países del Nafta compran sólo el 9% de las exportaciones bonaerense, otros países de América (incluido Venezuela) el 12% y un 15% otros Estados nacionales.
Las manufacturas de origen agropecuarios constituyen el 19% de las exportaciones bonaerenses. Superan por poco a los combustibles y por mucho a los productos primarios sin elaboración, como el ganado en pie o las frutas a granel.
En el primero trimestre del año, según un trabajo realizado por el ministerio de Producción bonaerense, las exportaciones aumentaron un 16,9% respecto del mismo período de 2005. Alcanzó los 7.602 millones, el 35% del total nacional. Las manufacturas de origen industrial ganaron participación en total, ya que se incrementaron un 18,5%. Brasil como destino también creció más que el promedio: un 25%. En el indicador del comercio bilateral tendría una importante incidencia la depreciación del peso argentino respecto del dólar y la apreciación del real brasileño, cada vez más caro respecto de la divisa de Estados Unidos.
“La provincia de Buenos Aires tiene un perfil exportador con un significativo grado de diversificación, tanto en productos que vende al exterior como en destinos a los que exporta”, señaló la economista María Martínez Garbino, de IES Consultores.
“Al poseer un entramado industrial con cierto grado de desarrollo, con un núcleo de empresas maduras y competitivas, ha logrado diversificar su oferta exportable más allá de los productos agro-ganaderos”, agregó.
Para la economista, “esta diversificación de productos le permite alcanzar mercados más lejanos que los socios comerciales limítrofes”, como en el caso de Europa o norteamérica.
“En la comparación con la oferta exportable de otros estados provinciales, se puede decir que Buenos Aires depende relativamente menos que el resto de las provincias de un sólo socio comercial”, observó Martínez Garbino.
La economista no dejó de reconocer la brasil-dependencia de la Provincia, pero aseguró que algunos productos son capaces de superar las barreras arancelarias impuestas por otras economías.
Maximiliano Scarlam, de abeceb.com, observó sin embargo que algunos mercados combinan barreras para los productos de nuestro país. Por ejemplo, en la competencia con los países de Europa del este por la venta de automóviles a Europa, Argentina lleva las de perder en términos arancelarios por la incorporación de muchos países a la Unión Europea, lo mismo sucede en términos de costos de flete y, en algunos casos, corre en desventaja por decisiones estratégicas tomadas por las automotrices en sus países de origen.
En los últimos dos años, las exportaciones de la Provincia, sobre todo las de origen industrial, crecieron más que las del total del país, y en 2007 podría acercarse al 40% del paquete. Los complejos más dinámicos, según explicó el economista Maximiliano Scarlam, de Abeceb.com, son el sojero, el automotriz y el petroquímico. Los productos que más aumentaron su participación en el mercado externo son el fue oíl, el poroto de soja y sus derivados y las autopartes y vehículos.
No obstante estos indicadores, en el sector automotriz existe un déficit con Brasil. En ese caso, Scarlam percibe que la tendencia es a una reducción de ese desequilibrio por las mayores inversiones realizadas en las plantas Toyota, Peugeot y Wolkswagen, y por la crisis de las terminales brasileñas a raíz el encarecimiento del Real.
Junto con Brasil, México y Chile son los otros mercados importantes para vehículos y sus componentes. Con todos ellos, existen acuerdo comerciales que garantizan el acceso con aranceles cero o una mínima carga impositiva. A esos destinos se han sumado otros países latinoamericanos, en especial Venezuela.
En cambio, Scarlam observó que existen dificultades para acceder a otros mercados de alto poder adquisitivo como el europeo, excepto en el caso de algunas autopartes. La principal competencia es la de países del este incorporados a la unión en los últimos años. Para los productos argentinos, los aranceles, y los fletes son más altos. Además, las inversiones y lo destinos de las producción son definidos por ejecutivos e inversionistas de Japón, Europa y Estados Unidos, y los gobiernos tienen un margen de maniobra acotado para incidir en esas decisiones.


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Producir más y mejor para atacar las causas profundas de la inflación en Argentina

¿Porqué aumentan los precios? Para decirlo muy fácil: porque los diferentes actores económicos - empresarios, trabajadores, consumidores - compiten entre sí por ver quién se lleva la parte más grande de la torta. Y para lograr ese objetivo dejan de adquirir productos (para impulsar una baja), realizan huelgas (para mejorar los salarios en relación con los productos) o suben los precios de los bienes o servicios ofrecidos al mercado. A veces el Estado interviene en beneficio de alguno de esos sectores y otras veces “deja hacer”, y de esa manera fortalece a quién tiene una posición dominante. Ahora bien, cuando el incremento de precios se generaliza a la mayoría de los productos y se mantiene en el transcurso del tiempo, se pasa al fenómeno inflacionario.
Algunos economistas atribuyen la inflación a fenómenos monetarios: déficit fiscal cubierto con emisión desenfrenada de dinero, compra de dólares o regulaciones económicas de todo tipo. Otros especialistas atribuyen la inflación a características estructurales de los países: por ejemplo, la existencia de monopolios u oligopolios en algunas ramas productivas, la dependencia de insumos importados o la venta al exterior de productos de bajo valor agregado. Una tercera variante supone que la inflación no difiere substancialmente de un simple aumento de precios, y de lo que se trata es de compatibilizar los objetivos de los diferentes sectores. A esta última tesis adhiere el gobierno cuando convoca a acuerdos de precios. Para las otras dos escuelas, esta es una solución para el corto plazo porque no ataca las regulaciones estatales o, por el contrario, no resuelve los problemas estructurales de la economía.
De lo anterior se deduce que si este gobierno no pretenden retornar a los paradigmas liberales de los ‘90 debería ocuparse se profundizar el perfil productivo del modelo económico desactivando monopolios, reduciendo la dependencia de insumos o tecnología importada, agregando mayor valor a las exportaciones y mejorando la calidad de la inversión.
El economista José Sbattella explicó que en algunas ramas industriales los precios pueden fijarse en el despacho de un, dos o tres gerentes. Por ejemplo: en la industria siderúrgica, una sola empresa concentra el 84% de las ventas en el mercado interno. En Cemento, 3 empresas tienen el 96%. En galletitas, 2 firmas tienen el 73% del mercado. En lácteos, las dos primeras tienen el 66% de la torta. Y en la comercialización de estos productos también actúan empresas con posición dominante: una sola cadena tiene 475 bocas de expendio y concentra el 31,2% de las ventas.
Lácteos y carne tienen también el inconveniente que conlleva una demanda externa dispuesta a pagar precios más caros. Los productos vacunos tienen asimismo una oferta concentrada en el Mercado de Liniers y en los remates y compras directas que toman los valores comercializados allí como referencia. Por eso las inversiones previstas en el plan ganadero y el eslabonamiento de esos sectores con la investigación científica aplicada y el desarrollo industrial son tan importantes para un desarrollo productivo de largo plazo con baja inflación.

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La Provincia ya tiene déficit fiscal

El Estado bonaerense entró en un etapa deficitaria: sus ingresos totales no alcanzan a cubrir los gastos corrientes, las obras públicas, y los intereses y el capital original de las deudas contraidas. El informe sobre resultados financieros realizado por la Contaduría General de La Provincia, que se refiere a los cuatro primeros meses del año, muestra que el déficit primario (antes del pago de la deuda) es de $28 millones. El déficit corriente (incluyendo también los intereses) llega a $280 millones, y esa cifra no incluye los $603 millones pagados en los primeros cuatro meses del año en concepto de amortizaciones de capital de la deuda pública.
El déficit primario alcanza por lo tanto el 1% de los ingresos totales del Estado bonaerense. No es una cifra exorbitante pero muestra que ha sido quebrada la tendencia de los últimos tres años, en los cuales la Provincia acumuló un superávit primario de $1.953 millones. Además, el Presupuesto 2006 prevé un ahorro primario de 696 millones: hoy esa meta parece difícil de alcanzar sin el uso de algunas de las atribuciones concedidas por la Legislatura a Rentas. Además, ha habido una moderación del incremento del Inmobiliario Rural y han subido los ingresos de los estatales.
Capítulo aparte merece el pago de la deuda, que se ha transformado en una carga muy pesada para la Provincia: se ha regularizado la situación con los inversores que tenían títulos de las series conocida como “Eurobonos”; el escalonamiento de los pagos con el gobierno nacional es de muy corto plazo; y además hay que cumplir con organismos internacionales de crédito de la talla del Banco Mundial y el BID. La suma de esa obligaciones se ha llevado, hasta el 30 de abril, $834 millones entre capital e intereses.
La recaudación de la Dirección Provincial Rentas en el primer cuatrimestre ha estado, para colmo, por debajo de lo previsto. El presupuesto supone un incremento interanual de casi el 27% y apenas se ha superado el 22% de esa marca. En cambio, los ingresos nacionales coparticipados casi han cubierto las expectativas. Los gastos están en una situación intermedia: crecieron más que los ingresos propios y menos que los de origen nacional.
Si la Nación no financiara los desequilibrios provinciales, a comienzos de diciembre el Tesoro se vería obligado a diferir los pagos y la Provincia tendría que echar mano al Saldo Unico de Cuentas Oficiales. Este recurso permitiría contar con un “colchón” de $400 o $500 millones que el Estado debería devolver al Banco Provincia en enero.
No es casual con esta perspectiva que el ministro de Economía provincial, Gerardo Otero, esté pensando en una refinanciación de la deuda contraida con el Estado nacional, que representa 18 de los $30 mil millones de stock y cerca del 80% de los pagos.

¿Pueden los salarios impulsar la economía?

Una vez, un economista advirtió a Juan Domingo Perón que, si aumenta­ ba los salarios, la economía no llegaría al “punto óptimo” en el cual se produciría la máxima cantidad posible de bienes con un uso mínimo de insumos. La respuesta del ex presiden­ te fue: “El estómago no tiene un punto óptimo, tiene un punto de satura­ ción”. ¿Los trabajadores argentinos llegaron a ese punto? Desde una perspectiva histórica, están muy lejos de esa situación, ya que la participa­ ción de los asalariados en la economía se redujo a casi la mitad de lo que fue durante el primer gobierno peronista. Y vista la evolución reciente de los salarios, la situación tampoco es ideal: sólo los trabajadores legalmente ins­ criptos recuperaron el poder de com­ pra que tenían antes de la caída de la convertibilidad, mientras que los em­ pleados en negro y los agentes estatales quedaron rezagados respecto de los precios de los artículos de consumo masivo.
El índice general de precios minoris­ tas registró, entre el cuarto trimestre de 2001 y marzo de 2006, una suba del 78,85%, mientras que el rubro alimentos y bebidas, incluido en el índice general, aumentó un 109,46%. Los salarios de la economía subieron un 63,98%, menos que el incremento de precios. Sólo los sueldos en blanco superaron el IPC (96,67%), mientras que los asalariados no registrados (38,21%) y los estatales (25,99%) todavía no recuperaron el poder de compra que tenían, en promedio, el último trimestre de 2001.
Esta situación implica que la actual recuperación del consumo interno descansa en mayor medida sobre los gastos de los empresarios y de los consumidores del exterior. Un trabajo del Centro de Estudios sobre Pobla­ ción, Empleo y Desarrollo avala esta teoría: en 2001, los asalariados partici­ paban en un 36,5% del total del consumo privado, y en 2004, la participación se redujo al 27,3%. El consumo capitalista, en tanto, subió del 41 al 51,5%.
Esta evolución parece indicar que hay margen para producir una mayor cantidad de artículos de consumo masivo: se podría incentivar la produc­ ción de la agroindustria y de manufac­ turas industriales a gran escala, crean­ do en ese proceso mano de obra que con sus salarios sería demandante de esos productos. También parece haber margen para incrementar los salarios de los que tienen empleo, pero en ese caso compensando la suba del consu­ mo con inversiones en los sectores que verán superada su capacidad de pro­ ducción.
El economista Alejandro Sergio, do­ cente de la UNLP y del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de Ate, piensa que es posible subir los sueldos sin provocar presiones infla­ cionarias, pero bajo ciertas condicio­ nes: “Si las empresas tienen una buena tasa de rentabilidad, hay margen para subir los salarios afectando la renta de las compañías. En eso está el gobierno cuando trata de hacer acuerdos de precios: busca que no suban los productos, y que los salarios tengan un margen de mejora acotado. Desde ese punto de vista, si funciona, los salarios pueden subir lentamente y de forma negociada. El problema es que el mecanismo es difícil de implementar”.
“Otra posibilidad - cree - es no subir el salario como tal si no el ingreso por otras fuentes, disminuyendo los im­ puestos que gravan a los salarios, como aportes personales, y que esa baja vaya al salario de bolsillo. Y otro mecanismo más indirecto es la refor­ ma impositiva, que puede generar ingresos no salariales para los trabaja­ dores, como servicios de mejor cali­ dad. Con mayores impuestos a las ganancias y menores al trabajo, tam­ bién se puede lograr la mejora sin generar inflación”.
El economista Mariano Lamote, de abeceb, es partidario de que la política salarial se defina por sectores, de forma tal de no comprometer en un aumento de costos a empresas sin margen para conceder mejoras. “La lógica es que los aumentos de salarios, en este momento, inciden de dos maneras sobre los precios: por un lado, en un aumento de costos. Es discutible hasta donde las empresas pueden absorber o no los aumentos”.
“Por otro lado - sostiene- casi siempre los aumentos de salarios son ciento por ciento incremento sobre un consumo que se está recalentado, mientras que la oferta viene creciendo mas lentamente. Y el productor tiene que ajustar por precio porque ya no puede hacerlo por cantidad. Entonces, los aumentos de salarios podrían generar presiones inflacionarias, de­ pendiendo de la magnitud. Tienen que estar en un marco lógico: que puedan recuperar todo el poder adquisitivo que perdieron pero que no generen presiones inflacionarias que no hagan posible sostener una política de creci­ miento económico”.
La participación de los asalariados en el reparto de la riqueza se ha ido reduciendo a lo largo del último medio siglo, en parte por los diferentes objetivos de las políticas económicas de los gobiernos, en parte por los cambiantes escenarios internacionales y en parte por el rol de los trabajadores en los sucesivos períodos históricos. La respuesta de Perón, como la de otros gobernantes, mostraba el rol que se asignaba entonces al consumo asalariado dentro del proyecto de país. A décadas de esa experiencia histórica la pregunta que surge es: ¿Se puede desarrollar otro modelo donde el salario de los trabajadores vuelva a ser uno de los impulsores de la economía?

Las AFJP argentinas se quedan con el 37% de los aportes de sus futuros jubilados

Los inversores - de cualquier tipo -tienen sus negocios en claro: depositan dinero y esperan recibir más que lo que confiaron al administrador de sus fondos. Los ahorristas, en cambio, sólo esperan que su dinero no pierda valor. ¿Y los afiliados a las AFJP? El sistema actual parece condenarlos a que pierdan parte de sus aportes: uno de cada tres pesos que depositan en su cuenta individual es apropiado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
El último Boletín Estadístico de la Superintendencia de AFJP indica que, en promedio, el 37% del dinero descontado a trabajadores y asalariados es apropiado por las administradoras en concepto de comisiones. En algunos casos, el porcentaje que queda en manos de las administradoras supera el 40%. La rentabilidad anual de los fondos es del 9,8%, lo que indica que son necesarios 4 años sólo para recuperar el dinero aportado al sistema.
En esos mismos cuatro años, un inversionistas podría obtener un 28% de rentabilidad sobre el capital invirtiendo en títulos del tesoro norteamericano, considerados por agentes globales como los más seguro de todas las plazas financieras del mundo.
Pocos en su sano juicio depositarían un dinero en una AFJP. Esto no es un juicio de valor si no un dato de la realidad: la Superintendencia de AFJP indica que, en los últimos 12 meses, sólo el 21% de los trabajadores o autónomos se afiliaron de manera voluntaria al sistema. El 79% no hizo ninguna opción, y el destino de su dinero fue a sorteo ente las 11 administradoras.
Otro aspecto de interés, que se desprende del informe oficial, es que el total de afiliados alcanza los 10,8 millones de personas, pero sólo aportan 4,4 millones. De los que sí cumplen, el 95% son empleados dependientes de empresas y el 5% empresarios o monotributistas. Si la proporción fuera idéntica en el caso del total de afiliados, los no aportantes serían, en la mayoría de los casos, trabajadores en negro, o empleados de empresas que no estarían cumpliendo con sus obligaciones en materia previsional. Una pequeña parte de los incumplidores estaría compuesta, en tanto, por trabajadores autónomos que prefieren quedarse con su dinero en lugar de confiarlo a una administradora privada.
Este breve panorama indica, sin atenuantes, que fue muy mal negocio para los futuros jubilados haber derivado, en los últimos 11 años, 33 mil millones de pesos al sistema de capitalización individual. Hoy, el total de fondos del sistema privado alcanza los 75 mil millones de pesos. Cuando el sistema era estatal, los gobiernos utilizaban el dinero de los aportantes al sistema para financiar gasto público social. Y eso sigue sucediendo en buena medida, ya que 54% del dinero invertido en el sistema fue prestado al Estado argentino, el 14% está en título y valores privados nacionales, el 10% en títulos y valores extranjeros, el 4% en plazos fijos y el 18% en otras inversiones. A diferencia de los ocurrido hasta 1994, por ese 54% el Estado argentino debe pagar intereses. Y el dinero para abonar esa carga es abonado por los propios contribuyentes, incluidos los aportantes al sistema previsional, a través del pago de impuestos. ¿No será tiempo de pensar en un cambio de sistema?

¿Quién recauda más: Alberto Abad o Santiago Montoya?

En la política, puede distinguirse, en una enumeración no exhaustiva, entre derecha e izquierda, conservadores y progresistas, o nacionalistas y liberales. En política tributaria hay en la actualidad dos grandes tendencias: por una parte, los que consideran a los tributos el costo necesario de vivir en un país civilizado, y los que los ven como una imposición del Estado sobre las personas. Unos tratarán de convencer a los contribuyentes para que paguen y otros de amedrentar a los evasores y morosos para que conozcan el costo de no cumplir con las imposiciones del fisco. Alberto Abad, director de la AFIP, y Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, encajan casi a la perfección con esos dos estereotipos. Y exhiben con orgullo los resultados efectivos de las políticas tributarias que aplican en sus jurisdicciones. ¿Es posible comparar las dos gestiones para determinar quién es más efectivo? Hay muchas dificultades para hacerlo, porque son funcionarios de diferentes órbitas de gobierno, partieron de situaciones levemente diferentes y no mantuvieron intactas las estructuras impositivas que heredaron.
Así y todo, es posible esbozar a trazos gruesos el resultado de las gestiones tributarias del período 2002-2005 en relación con la situación de 2001, pero sin considerar las variaciones en los impuestos al comercio exterior - que antes de la devaluación no existían - ni los aportes a la seguridad social.
En este primer examen, el resultado es el siguiente: a nivel nominal - sin considerar el poder de compra del dinero - Rentas logró recaudar en 2005 un 149,64% más que en 2001. La DGI se quedó un poquito atrás: 142,89%. En el primer trimestre de este año sin embargo, la tendencia es inversa: el recaudador nacional mejoró la percepción de tributos un 24,19%, y el bonaerense el 21,52%. Teniendo en cuenta que no es total de responsabilidad de Montoya la recaudación de 2002 y que en los últimos tres años la DGI mejoró su efectividad a tasas superiores a las de Rentas, lo más sensato sería, entonces, declarar un empate.

La Plata, ciudad desigual

El casco urbano y los barrios de la zona norte de La Plata tienen una alta densidad de viviendas confortables y bien provistas de servicios y electrodomésticos. Delegaciones municipales de la zona oeste como Arturo Seguí, el Peligro y Melchor Romero, en cambio, incluyen una mayor proporción de viviendas precarias y pobremente equipadas. Un trabajo de la Dirección General de Estadística y Evaluación de Programas Especiales de la Municipalidad de La Plata, realizado en función de datos del INDEC procesados por la Dirección Provincial de Estadística, es bastante concluyente: en el casco Urbano, Gonnet, Tolosa y Ringuelet predominan las viviendas construidas con materiales resistentes y sólidos en todos sus parámetros: pisos, paredes y techo. Además, incluyen todos los elementos de aislación térmica y terminación. En City Bell y Villa Elisa, y en menor medida Villa Elvira, Los Hornos, San Lorenzo y Hernández, la calidad de las construcciones es más que aceptable, pero en Lisandro Olmos y Gorina - y más aún en Abasto y Etcheverry - la calidad de las terminaciones no es tan buena. En Arturo Seguí, El Peligro y Melchor Romero, en tanto, la descripción de la mayoría de las viviendas corresponde a alguno de los siguientes tres tipos:
- Materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero faltan elementos de aislación o terminación en al menos uno de sus componentes (pisos, paredes, techos).
- Materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus componentes; o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento.
- Materiales no resistentes ni sólidos o de desechos al menos en uno de los parámetros.
La última carecterización, que se corresponde con las viviendas precarias, sirve de hogar a 1 de cada 8 familias de El Peligro, 1 de cada 13 de Melchor Romero, 1 de cada 16 en Abasto y 1 de cada 17 en Etcheverry y Arturo Seguí. En cambio, el 96% de las familias del casco urbano vive en viviendas de calidad óptima. Y lo mismo sucede en más de un 80% de los casos en Gonnet, Tolosa y Ringuelet.
Equipamiento
La calidad de vida de las familias platenses también está realacionada con la provisión de servicios: allí el quiebre entre delegaciones pobres versus barrios ricos es similar. Por ejemplo, más del 20% de los hogares de Melchor Romero, El Peligro, Arturo Seguí, Etcheverry y Abasto no tiene conexión de agua en su cocina. Para colmo, ni siquiera tiene agua en su hogares el 36,4% de las viviendas de Melchor Romero, el 34,3% de las de El Peligro, y el 31,6% de las de Arturo Seguí.
Respecto del equipamiento de los hogares, más del 90% de todos los barrios excepto Melchor Romero (89,3%), Abasto (89%) y El Peligro (88%) tiene heladera. En el casco urbano, los hogares también están debajo del 80% (76,3%), pero en ese caso el indicador debe reflejar la incidencia de los departamentos pequeños alquilados a estudiantes del interior.
En Romero, Abasto y El Peligro, más del 10% de los hogares no tiene heladera ni freezer. En El peligro, más de un tercio no posee lavarropas, mientras en que Abasto, Melchor Romero y Etcheverry cerca del 30% de los hogares está en esa situación. En contraste, en Gonnet el 88,7% posee el electrodoméstico. Y casi todos los lavarropas son automáticos.
Otro indicador interesante tiene que ver con la computación: en promedio el 32,1 % de las familias posee al menos un ordenador personal, y cerca de la mitad de ese universo cuenta asimismo con acceso a internet, pero la distribución es despareja: en Gonnet el 49,7 % de los hogares tiene PC, y el 56,6% de ese universo restringido conexión a la web. En cambio, en el Peligro sólo el 8,5 % de las viviendas tiene computadoras y en Lisandro Olmos sólo el 26,2% de las PC está conectada a la red. Como se ve, la situación es despareja y permite contar con algunos elementos que permiten visulizar dos cosas: la calidad de vida promedio en cada uno de los barrios y las principales necesidades primarias de las localidades más pobres.

Planeamiento Estratégico: la visión de Oscar Tangelson

Dejar que los principales actores del mercado argentino, y del comercio internacional, decidan qué produce el país, como lo hace y en función de qué franja de consumidores, fue casi una marca distintiva de los ‘90. Fijar una serie de metas, orientar los recursos del Estado hacia esos objetivos y diseñar políticas que ayuden a sortear los obstáculo planteados en el escenario internacional, podría transformarse en una fórmula típica de la nueva fase de la economía argentina iniciada tras la debacle de diciembre de 2001. Uno de los intelectuales que impulsan esta política neodesarrollista es el secretario de Política Económica de la Nación, Oscar Tangelson. Para desarrollar la nueva estrategia deberían tenerse en cuenta las áreas de la economía en las cuales la Argentina tiene ventajas naturales o intelectuales y fomentar su desarrollo en función de planes a lago plazo. Además de la generación de empleo, la incorporación de valor debería ser, para el economista, una de las prioridades del nuevo modelo. Sólo de esa forma Argentina podría dejar de ser sólo un granero, un frigorífico y barril proveedor de granos, carne y petróleo al mundo para transformarse en una marca registrada en góndolas locales y de otros países del planeta.
Tangelson piensa que los argentinos nos empecinamos en discutir acerca del 20% de cosas que nos separan en lugar de construir juntos alrededor del 80% de los temas en los que habría consenso. Y prueba de ellos sería la pobreza de los indicadores de crecimiento de los últimos 30 años del siglo XX: “Argentina creció a un promedio del 1% anual, lo mismo que la población, lo que implica que virtualmente la Argentina no creció en términos de riqueza por habitante”. Un objetivo realistas sería, entonces, promediar el 4 o 5% de crecimiento durante las próximas dos décadas. “Esto implica determinar con qué contamos, cuáles son nuestros objetivos, en qué medida resulta indispensable el conjunto de los esfuerzos de todos los sectores para hacer frente al desafío”. Durante una disertación en La Plata, Tangelson recordó que la capital bonaerense fue concebida como parte de un proyecto a largo plazo ideado por la Generación del ‘80 del siglo XIX. Y aunque discrepa en la falta de acento puesto en la industrialización del país, Tangelson rescata la visión de largo plazo de ese grupo dirigente. “Cuando se funda esta ciudad, cuando se funda la Universidad de La Plata, cuando se abre esta ciudad a la idea del conocimiento como base fundamental de su desarrollo, se enfrentaban en el primer centenario los desafíos de un mundo en transformador: la aparición de la electricidad, del uso del acero del motor de explosión interna, estaban transformando la realidad mundial. Y hubo una dirigencia política, académica, empresaria, social, que comprendió la magnitud del desafío. Y plantearon proyectos. La enorme responsabilidad que tenemos todos quienes hoy tomamos decisiones en el ámbito público, en el ámbito institucional, en el ámbito académico, en el ámbito empresario, es que precisamente estamos frente a una transformación de similares características”, cree.
Para trazar una estrategia de desarrollo del país, no deberían dejar de tenerse en cuenta algunas “verdades de perogrullo”, como que Argentina forma parte del planeta y es imposible no tener en cuenta las consecuencias de esa realidad, y que el presente forma parte de la historia. “Los problemas que enfrentamos hoy son consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado, y el futuro va a ser consecuencia de las decisiones que hoy tomemos o no tomemos”. En ese punto radica la importancia de una estrategia de desarrollo.

Destacados

“Argentina tiene que ser granero y góndola del mundo”



“Vivimos un proceso de transformación similar a la de la época fundacional de la ciudad de La Plata”

“El futuro va a ser consecuencia de las decisiones que hoy tomemos o no tomemos”


“Argentina ha hecho un extraordinario proceso de transformación de su actividad agrícola-ganadera. Y ha sido producto de un fuerte proceso de inversión, pero tenemos que incorporar valor, asociar a la industria en el proceso. Esto significa transformar el granero en la góndola y producir con valor agregado, generación de trabajo y una demanda internacional que le de sentido”.

La Provincia achicó su deuda en U$S219 millones

El canje de bonos de la deuda pública de la provincia de Buenos Aires significó una reducción de 219 millones en el capital adeudado por el Estado bonaerense, ya que se emitieron unos 2.313 millones que fueron canjeados por 2.532 millones que estaban en default, según informó el ministerio de Economía. La quita de capital será entonces cercana al 9% contando sólo a los ahorristas e inversores que ingresaron al proceso de canje. Los que prestaron su conformidad, tenían cerca del 94% de los 2.700 millones en bonos sobre los cuales no se estaban realizando pagos.
La quita sobre la deuda fue mayor si se consideran otros elementos:
- En los nuevos bonos se capitalizaron los intereses recalculados al 2%, lo que implicaría una reducción superior al 60% sobre los intereses vencidos e impagos correspondiente a los 12 series de títulos en default.
- Los nuevos intereses son cerca de un 60% más bajos que los originales, tanto en los 1.064 millones de dólares en bonos emitidos a 30 años de plazo como en los 750 millones con vencimiento final en 15 años.
- En el caso de los 500 millones de dólares en bonos con vencimiento en 12 años, la quita de capital respecto de los originales es de entre el 58 y el 61%, pero los intereses no están lejos de los que pagaban los títulos que serán destruidos.
Condiciones
Los bonos originales vencían entre 2002 y 2007 y tenían tasas de interés que llegaban al 12%. La tasa de interés que reconocerán los nuevos bonos par, que parten del 2% para los bonos par a largo plazo y en 1% para los bonos par a mediano plazo con máximos en ambos casos del 4%, será menor a la mitad del promedio de las que se pactaron en su momento en los bonos reestructurados.
El bono descuento(a 12 años) denominado en dólares tendrá una tasa fija de 9,25% y el denominado en euros de 8,5%. Según el gobierno, si se consideran todos esos elementos, la quita respecto del valor presente neto de los bonos sería 60%, aunque algunos economistas - por ejemplo los del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos - han puesto en duda que la reducción de la deuda sea tan importante.
Detalles
Los 2.313 millones de dólares en nuevos bonos incluyen:
- Bonos Par a Largo Plazo por un monto total de capital equivalente a 1.064 millones de dólares (468 millones de dólares y 497 millones de euros). Pagarán amortizaciones de capital desde 2020. Los intereses se abonarán semestralmente: 2% los dos primeros años; 3% los dos años siguientes y 4% el resto del período de repago.
- Bonos Par a Mediano Plazo por un monto total de capital equivalente a 750 millones de dólares (64 millones de dólares y 572 millones de euros). Las amortizaciones se abonarán desde 2017. Los intereses, se pagarán cada seis meses: 1% los primeros cuatro años; 2% los siguientes cuatro; 3% el período posterior; y 4% en su última etapa.
- Bonos Descuento por un monto total de capital equivalente a 500 millones de dólares (334 millones de dólares; y 139 millones de euros). Amortizarán el capital desde 2012. Los intereses serán fijo: 9,25% en dólares y 8,5% en euros, siempre pagaderos cada seis meses. Tanto la demanda por Bonos Par a Mediano Plazo (750 millones de dólares a 15 años) como la de Bono Descuento (500 millones a 12 años de plazo) superó el límite ofertado. Por el excedente, serán entregados Bonos Para a Largo Plazo, con vencimiento a 30 años.
Los Nuevos Bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y serán admitidos para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico.
No ha sido informada la procedencia geográfica de los ahorristas e inversores que aceptaron la oferta, pero más de las dos terceras partes de los 12 bonos originales se repartían en tres países: Italia (42,6%), Argentina (15,7%) y Suiza (11,1%). El resto, entre Estados Unidos (4,2%) Reino Unido (3,2%) y otros países (8,1%). El 65,2% eran tenedores minoristas, el 12,9% de la cartera estaba en manos de AFJPs y el 6,8% en poder de otros inversores institucionales. Un 15,1% no había sido identificado. Todo ellos cobrarán a plazos más largos que los originales.
Comparación con el canje nacional
El canje bonaerense logró la aceptación del 94% de los acreedores de bonos nominados en 2.700 millones de dólares. La propuesta final incluyó una quita del 9% sobre el capital incorporado al proceso: bonos por 2.313 millones reemplazarán desde mañana a los bonos originales, que tenían un valor nominal de 2.532 millones.
El canje nacional logró la adhesión del 76,15% de los 81.800 millones en default con una propuesta que incluyó una quita del 44% del capital incorporado a proceso. Los nuevos bonos fueron emitidos por 35.300 millones de dólares, canjeados por los 62.300 millones originales.

Montoya tiene 800 vehículos en la mira

La Dirección Provincial de Rentas publicó en internet un listado de 797 vehículos valuados en más de 35 mil pesos y con deudas fiscales superiores al 10% de su valor. Se trata de los autos, camiones y camionetas que podrían ser secuestrados una vez que sean reglamentadas las leyes que integran el plan anti evasión impulsado por el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
En rentas.gba.gov.ar se encuentra un vínculo con el siguiente texto: "Vehículos que registran deuda impositiva pasibles de secuestro". Allí se incluye una gran mayoría de camiones y camionetas y algunos automóviles, la mayoría importados, ordenados alfabéticamente según su patente.
Unos 178 vehículos registran deudas superiores a los 10 mil pesos. El que más debe es un vecino de Paso del Rey propietario de un BMW valuado en 81.600 pesos. Rentas le reclama 26.438,50 por patentes impagas. Le sigue de cerca el propietario de un camión Ford valuado en 53.800 pesos y con una deuda fiscal de 25.945,90. Está domiciliado en José León Suárez. El tercero, es el dueño de un camión Mercedes Benz vecino de General Pacheco. Su vehículo de carga vale 75.800 pesos y debe por la patente 25.321. En la lista hay otros dos propietarios de BMW idénticos al del principal deudor de la Provincia, pero en esos casos deben menos dinero: 12.073,70 y 11.594 pesos, respectivamente.
El dueño del vehículo deportivo más caro de los que integran la lista vive en Zárate y tiene un BMW valuado en 139.400 pesos. Adeuda a Rentas 15.317,10. En el sur del conurbano, nada menos que en Banfield, vive el dueño de un Audi valuado en 110.500 pesos. Debe 22.996,10 pesos en patentes. En Vicente López, hay un vecino que tiene un BMW valuado en 85.900 pesos y adeuda 22.371,20 pesos al fisco sólo por la patente de su auto.
No faltan en la lista tampoco 26 vecinos de La Plata, 3 de Tolosa, 2 de Lisandro Olmos, 2 de City Bell, 2 de Gonnet, 2 de Berisso, 1 de Ensenada y 1 de Punta Lara. El que más debe de la región es un platense propietario de un camión Ford valuado en 53.800 pesos. Rentas le reclama 21.760,50. Al dueño de un camión Chevrolet domiciliado en Lisandro Olmos, la Provincia le reclama 20.406.20 pesos, más de un tercio de los 58.700 pesos en que está valuado su vehículo. También se destaca un platense que posee un Land Rover valuado en 49 mil pesos y con una deuda de 12.618,70, nada menos.